Banco Santander y sindicatos inician hoy las negociaciones para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que la entidad que preside Ana Botín prescindirá, según los cálculos de las centrales, de unos 3.000 trabajadores en toda España. "Tenemos planes pero no los vamos a decir. Dependerá de las negociaciones", expuso el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados trimestrales. Avanzó "el mejor ánimo para que el proceso dure el menor tiempo posible". También de acuerdo a la estimación de los sindicatos, el proceso incluirá el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales, con las que el banco también ajustará la red resultante de la compra de Banco Popular, resuelto y vendido por un euro en junio de 2017. Las clausuras ya han comenzado, en todo caso, y podrían alcanzar las 80 oficinas en junio.

Antes de la reestructuración Santander ha procedido a culminar la integración tecnológica, ya consumada en las oficinas de Popular y Pastor en Galicia. "La migración tecnológica de las oficinas de Pastor y Popular lleva incluido también un plan de rebranding de las sucursales, tanto exterior como interior, que desde ese momento cambian la marca para operar ya como una sola entidad a todos los efectos, con los mismos productos y servicios para todos los clientes", expuso el banco, en una decisión que entierra la histórica marca financiera gallega; desaparecerá por completo en junio, 243 años después de su fundación.