El giro del Gobierno frente a la prórroga de la concesión de Ence en la Ría de Pontevedra tras su decisión de no defender la prórroga concedida en 2016 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones inquieta también a la industria del mar. Los problemas, según la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), Anfaco-Cecopesca y la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, empezaron "hace dos años", cuando Costas cambió de criterio y empezó a contar las prórrogas de ocupación de dominio público marítimo terrestre a un máximo de 40 años desde que empezaron y no desde la fecha de petición para prolongar la concesión.
Ahora temen que se consolide este problema por el nuevo Reglamento General que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y que, denuncian, "parte de la premisa errónea" de que los sectores que están en esta zona "no forman parte del interés público" y su ocupación es "incompatible con su disfrute recreativo por la sociedad en general".
Es, insisten, una reforma "radical" que "parece motivada exclusivamente por razones ideológicas" y que pone en peligro "la pervivencia de los múltiples sectores económicos que dependen directa e indirectamente de la ocupación" d de una parte del dominio público y marítimo terrestre. Las asociaciones, que ayer convocaron una comparecencia para lanzar un SOS por esta encrucijada, defienden la "plena sostenibilidad medioambiental" de sus instalaciones. "Formamos parte como actividades a menudo tradicionales del tejido económico productivo de nuestras comunidades y somos parte sustancial de la cohesión social de las regiones costeras", aseguran. La industria del mar asegura que la reforma se está haciendo "a sus espaldas".
