La compra de las fábricas de aluminio de Alcoa en venta (A Coruña y Avilés) por parte de los poderes públicos es "plenamente conforme con el ordenamiento constitucional y legal español y con el derecho comunitario". Así lo avala el Informe xurídico sobre a adquisición pública das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés, elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC) Carlos Aymerich por encargo del sindicato CIG y presentado ayer en el Rectorado. El documento defiende que es viable que Estado y Xunta nacionalicen la planta coruñesa de forma temporal para gestionar con más calma la venta a un inversor. La CIG anunció que remitirá el texto al Ministerio de Industria y a la Consellería de Economía para instar a ambos departamentos a intervenir.

Aymerich argumentó ayer que la posibilidad de que la Administración compre -total o parcialmente- las fábricas forma parte del "ejercicio normal de intervención pública en la economía", a través de agentes como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Es posible hacer una nacionalización temporal o transitoria como hace Francia", reiteró el experto y exportavoz parlamentario del BNG. Esta vía permitiría ganar tiempo para blindar la producción de aluminio primario, una actividad considerada "estratégica" y que dentro de España solo se mantiene en San Cibrao (Cervo), tras la parada de la electrólisis en A Coruña y Avilés.