Dentro de ese "peor escenario" al que se podría enfrentar Ence en el caso de que la Justicia determinase la nulidad de la concesión de la prórroga, que es el cese de la actividad en la fábrica de Pontevedra, son muchas las fuentes consultadas que apuntan a la posibilidad de que el Estado tuviese que indemnizar finalmente a la pastera por las fuertes inversiones que se realizaron vinculadas, precisamente, a la prórroga de la concesión.

Las actuaciones se llevaron a cabo amparadas por una prórroga concedida por la propia administración y, además, estaban ligadas a ella por lo que podrían exigir una compensación en los tribunales.

Las cantidades, en este caso, no serían pequeñas. En total, Ence había comprometido 61 millones de inversión vinculados a estos diez años a mayores de prórroga de la concesión de 50 años que sumarían el total de 60. Aunque el grado de ejecución de estas inversiones no ha trascendido, la propia Ence informaba en su memoria de 2017 que, en aquellas alturas, ya se habían invertido al menos 31 millones en las mejoras vinculadas a la prorroga. Además de aquellas actuaciones para mejorar la eficiencia y capacidad de producción de la fábrica, la empresa actuó para minorar las emisiones de ruido y olorosas de la fábrica, reducir su consumo de agua y tiene en marcha su proyecto de integración ambiental, entre otras actuaciones.