Lo hizo con la anterior orden, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero del pasado año para forzar a las comunidades a entregar los datos necesarios para aplicar la subida de la electricidad en los territorios con impuestos propios al sector, y la Xunta impugnará también ahora la orden que el Ministerio para la Transición Ecológica publicó el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para activar definitivamente el encarecimiento. Galicia, la región con los mayores tributos, será también la que soporte el mayor incremento del recibo: 15,75 euros de media por consumidor. Hay que devolver a las empresas, como ordenó hace cinco años el Tribunal Supremo, lo pagado en este tipo de gravámenes y evitar así que el sobrecoste acabe trasladándose a clientes que viven en autonomías en las que no hay presión fiscal al sector. Después del análisis de los asesores jurídicos, la Consellería de Economía, Emprego e Industria se ha decantado por seguir la misma estrategia y solicitará en el recurso la suspensión de la norma de los suplementos territoriales como medida cautelar.
"Desde Galicia mantenemos que los impuestos medioambientales que se aplican no gravan las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico, por lo que en ningún caso se pueden incluir en los suplementos territoriales para que sean abonados por los consumidores gallegos", esgrimen en el departamento dirigido por Francisco Conde.
Pese a que la normativa de los suplementos no hace ninguna diferencia en la naturaleza de los impuestos y manda calcular la refacturación con todos los que están en vigor, a ese supuestos carácter medioambiental ya se aferró San Caetano para impugnar la orden de 2018 que desarrolló el mecanismo para acceder a la información de las autonomías sobre el número de impuestos y la recaudación de cada uno. Y para negar que Galicia estuviera entre las afectadas cuando FARO avanzó a mediados de 2012 que el incremento de la factura para repercutir al ciudadano los impuestos energéticos autonómicos era cuestión de tiempo.
La reforma energética del entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, convirtió en obligatorios los hasta entonces solo posibles suplementos territoriales. Debían activarse en 2013. Pero la parte fija de la tarifa que marca la administración -los llamados peajes de acceso- no los incluyó y las empresas llevaron el asunto al Supremo que avaló la demanda e instó a corregir la situación.
La Xunta recuerda que tanto a este como al anterior Gobierno les trasladó "el mandato aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego", en referencia al acuerdo pactado entre los partidos para bloquear los suplementos territoriales. Insiste en que sus tributos "gravan el impacto en el medio ambiente" y su objetivo es "compensar los efectos negativos de estas actividades sobre el entorno natural y preservar el medio ambiente". Una explicación que choca de lleno con las críticas que el actual director xeral de Enerxía, Ángel Benardo Tahoces, lanzó contra el canon a los embalses desde la oposición en 2008, acusando al bipartito de provocar un recargo con el impuesto.
Ese a las hidroeléctricas, junto con el eólico y la parte proporcional que paga el sector del canon de saneamiento y el impuesto por contaminación atmosférica suman 34,7 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 3 millones de los intereses generados. En ninguna otra región hay un recargo mayor, aunque la Xunta intenta incide en que las afectadas son 14 y "no es un problema exclusivo" de Galicia.
