La noticia pilló a Serafín Rodríguez trabajando en la zona del Meixoeiro. Paró. Y estuvo llorando media hora. El secretario comarcal de la CIG, Alberto Gonçalves, acababa de confirmarle la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los indultos parciales concedidos por el Gobierno a él y a Carlos Rivas para evitar el ingreso en prisión por los tres años de condena por un delito contra los derechos de los trabajadores cometido durante los altercados en Vigo durante la huelga del sector del transporte de 2008. Hace casi siete años que la Audiencia de Pontevedra hizo firme la sentencia y cinco desde que los tres principales sindicatos gallegos solicitaron otra vez el perdón tras la primera negativa del Ejecutivo en diciembre de 2013. Serafín llamó después de enterarse a su compañero para compartir el fin de la pesadilla. "Fue un alivio ver el nombre publicado en el BOE", asegura Rivas. Los dos sonríen ahora. A ratos emocionados por el feliz desenlace de lo que abiertamente definen como "un auténtico calvario".
Lo peor de todo en este tiempo fue, aseguran, "la incertidumbre". "No daba llegado", confiesa Carlos. La mayoría de los indultos concedidos desde 1996 no llegan antes de tres años desde la petición, según la información recopilada por el portal Civio. En su caso fueron cinco. Aún están "en una nube", decía Serafín durante la rueda de prensa en la que comparecieron ayer, arropados de los secretarios comarcales de Vigo de CIG, CC OO y UGT, para, sobre todo, agradecer las innumerables muestras de apoyo recibidas. "A los tres sindicatos, a la gente que salía a la calle, a la prensa", apunta Rodríguez. "A las instituciones, a los que firmaron, al concello de Vigo, al Parlamento de Galicia, a la prensa para evitar que no cayéramos en el olvido -añade Rivas-. Nuestra causa fue la de todos".
Ambos coinciden también en la tranquilidad que la permuta de la pena de prisión por una multa de 3.240 euros supone para sus respectivas familias. "Ahora para delante, a seguir viviendo a pesar de lo perdido estos años, a disfrutar de algo que no daba llegado", resume Serafín.
"El indulto es justo y merecido, pero llega tarde", se queja también Gonçalves, después de "cinco años de agonía" y "el riesgo real de perder la libertad y destrozar sus vidas" por "participar en una huelga que lo único que pedía era mejorar las condiciones laborales de un sector". "No siempre se vence, pero para ganar hay que luchar", asegura el responsable de la CIG en Vigo, que atribuye el éxito a la batalla "continuada de la ciudadanía" y "la actuación coordinada de los tres sindicatos". Al igual que él, el secretario comarcal de UGT reclama la supresión del "artículo preconstitucional" 315.3 del Código Penal que prevé la condena por "coacciones" en una huelga. "Quiero resaltar el empeño personal del secretario general del PSdeG en resolver esta situación", recordó Ernesto Fontanes. La entrada del PSOE en el Gobierno fue clave, según Amelia Pérez, y existía el temor a que se paralizara la resolución si se había nuevas elecciones. "Esto es la solidaridad de la clase obrera -apela la secretaria comarcal de UGT-. Desde el inicio tuvimos claro lo que nos unía a los tres sindicatos por encima de nuestras diferencias".
Alberto Gonçalves - Sec. Comarcal de CIG-Vigo
"No siempre se vence, pero para ganar hay que luchar"
Ernesto Fontanes - Sec. Comarcal de UGT-Vigo
"El artículo de la condena es preconstitucional"
Amelia Pérez - Sec. Comarcal de CCOO-Vigo
"Esto es fruto de la solidaridad de la clase obrera"
