Las pensiones subirán con arreglo a una nueva fórmula pensada para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y que tiene en cuenta el comportamiento de la inflación, aunque utilizando un indicador inédito hasta ahora: la media registrada por el índice de precios al consumo (IPC) durante un período de doce meses. El propósito del Gobierno es aplicar ese procedimiento ya este mismo año, de forma que se compensará a los pensionistas con un incremento extra equivalente a una décima por la desviación entre la revalorización general (1,6%) y el promedio de la inflación hasta noviembre (1,7%).

Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social, anunció ayer que el Gobierno ha remitido a los agentes sociales (patronal CEOE y sindicatos UGT y Comisiones) la propuesta de la nueva fórmula para revalorizar las nóminas de los pensionistas, que será aprobada por el Consejo de Ministros mediante real decreto y precisará de convalidación en el Congreso. El mecanismo propuesto trata de desarrollar un reciente acuerdo de los partidos en la Comisión del Pacto de Toledo donde se plantea que las pensiones se revaloricen "en función del IPC real". Se recupera por tanto el vínculo con la inflación, aunque con un formato distinto.

¿En qué cambia el sistema respecto a los aplicados en las últimas décadas? La nueva fórmula da la puntilla en primer lugar al llamado "índice de revalorización de las pensiones", aprobado por el Gobierno del PP en 2013 y utilizado entre 2014 y 2017. Ligaba la actualización con la salud financiera de la Seguridad Social y suponía que, en caso de déficit, la subida no podía superar el 0,25%, como de hecho ocurrió en todo el período comentado. Ese procedimiento fue ideado para contener el desfase entre gastos e ingresos del sistema reduciendo su generosidad y con ello la capacidad de consumo de los hogares pensionistas.

Ese polémico índice de revalorización, blanco de las movilizaciones que protagonizaron los jubilados desde 2017, había sustituido a la inflación como referencia. Antes, desde mediados de los años 90, las pensiones subían en enero según el IPC previsto por el Gobierno y, si la inflación real era superior, se compensaba a los jubilados con una paga de atrasos que se abonaba al inicio del año siguiente. Para determinar la inflación real se tenía en cuenta el dato interanual de cada noviembre: lo que había subido el IPC en ese mes respecto al mismo mes del año anterior.

El cálculo que ahora impulsa el Gobierno recupera el IPC como referencia, pero con una variante: para determinar la desviación entre la subida inicial y la inflación real y compensar a los pensionistas, se hace una media de las variaciones interanuales registradas por el IPC en cada mes de un período de doce (desde diciembre de un año y a noviembre del anterior). Según el criterio el Gobierno, de esta manera se captura mejor el impacto de los precios en el poder adquisitivo.

El propósito del Gobierno es utilizar esa nueva fórmula ya este año. Su resultado es el siguiente: el promedio de la inflación interanual de los últimos doce meses ha sido del 1,7%, mientras que la subida pagada desde enero con carácter general fue del 1,6%. La décima de diferencia dará lugar a una pequeña compensación (un total de 14 euros para quien cobre mil mensuales) que tendrá un coste total para el sistema de 256 millones.