El día 19 se juega Rotterdam una partida fundamental para paralizar el expediente de extinción de empleo que pesa sobre las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Fuentes próximas al Gobierno sostienen que el Ministerio de Trabajo se encuentra con serias dificultades para encontrar argumentos legales suficientes para paralizar los 700 despidos, de ahí que todas las miradas se centren en la vista que tendrá lugar en la ciudad holandesa donde tiene la sede el comité europeo de Alcoa, que ha recurrido a los tribunales para paralizar el proceso por incumplimiento del periodo de información y consulta. La plantilla, molesta por la negativa de la ministra Magdalena Valerio a renacionalizar la compañía ("No somos un régimen comunista", espetó el domingo a los periodistas), pide ahora la intervención del presidente.
Desde los comités, que están citados hoy en Madrid por la empresa para negociar los despidos, pidieron ayer por escrito una reunión urgente con Pedro Sánchez. El tiempo apremia. En 18 días concluye el periodo de consultas del ERE. En 19, los alumineros pueden empezar a irse a la calle. Así las cosas, y salvo que la multinacional retire motu proprio el expediente, las esperanzas están focalizadas en un juez holandés, el encargado de dirimir sobre la vista que se celebrará el lunes en Rotterdam. El comité europeo, en el que están representados los trabajadores de las cinco plantas de Alcoa en el continente, denunció a la multinacional por vulneración de los derechos de información y consulta del ERE. Los sindicatos defienden que la compañía tiene que cumplir ese trámite, mientras que la multinacional argumenta que no es necesario porque su decisión solo afecta a un país. "Alcoa tiene cinco plantas en Europa y cierra dos, estamos hablando de un nivel importante de producción en Europa, una reducción de en torno al 30%. Los efectos sí que tienen dimensiones europeas", sostienen desde el sindicato internacional IndustriALL.
