01 de noviembre de 2018
01.11.2018

El sistema de valoración de pisos que usará Hacienda anticipa una subida de impuestos

► Es el mismo método que utilizó la Xunta entre 2010 y 2015, y que tuvo que retirar tras numerosos fallos en contra ► El ministerio admite un "previsible" aumento recaudatorio

01.11.2018 | 01:59
Edificios a la venta en el centro de Pontevedra (archivo) // Rafa Vázquez

Aunque no entró en vigor hasta el verano de 2011, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) aplicó su entonces nuevo sistema de valoración de inmuebles a todas las declaraciones de impuestos autonómicos pendientes desde hacía año y medio. Y se armó una buena. La administración gallega empezó a comparar el importe presentado por los contribuyentes en la compraventa de inmuebles de segunda mano, las herencias y el tributo de Patrimonio, con los precios medios que supuestamente había en cada concello, e incluso por calles en los ayuntamientos más grandes, según un estudio de mercado encargado a expertos del sector. En pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, esas tasaciones oficiales suponían un incremento de precio estratosférico, de entre el 30% y el 40%, y con casos incluso en los que el valor se duplicó. La acumulación de resoluciones en contra del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) y de sentencias del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) y del Supremo por la falta de motivación en el incremento de la cuantía de las propiedades obligaron a la Consellería de Facenda a dar marcha atrás después de cinco años utilizando el polémico método. Ahora el Gobierno central prevé implantarlo para todo el territorio y reconoce que no se puede descartar un incremento de la recaudación fiscal de las autonomías, como ocurrió en Galicia.

Tanto para el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como en el de Sucesiones, la ley fija como base imponible de los impuestos el "valor real" de los bienes. Un concepto que ha dado mucho de sí, también en los juzgados, ante las diferentes interpretaciones por parte de las regiones, que tienen transferida la gestión y la recaudación de ambos tributos.

"El Tribunal Supremo ha manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o predicado ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, cuando exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el valor del mercado", explica el Ministerio de Hacienda en el anteproyecto de medidas contra el fraude fiscal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 19 y en estos momentos en exposición pública.

También recuerda el departamento dirigido por María Jesús Montero que el alto tribunal tumbó el método basado en una estimación del precio a partir de los valores catastrales y un coeficiente de actualización -el que actualmente maneja la Xunta- si no hay una comprobación directa de las condiciones reales del inmueble, "lo que dificulta en gran medida la facultad comprobadora de la Administración tributaria". Con el argumento de dar "seguridad jurídica", Hacienda apuesta por cambiar el "valor real" por un "valor de mercado" que, en el caso de los inmuebles, será el que fije el Catastro a partir de la información sobre los importes de las operaciones inmobiliarias suministrada por los notarios. El baremo se extenderá además a las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.

Hacienda admite que la medida es "de gran transcendencia" porque "puede redundar en una modificación de los valores de buena parte" de los inmuebles declarados. ¿Cuánto? "No es factible realizar a priori una estimación del previsible incremento recaudatorio que podría generar esta medida", señala, amparándose en que son las comunidades las encargadas de cobrarlos. El ministerio se agarra a que el cambio "servirá para disminuir la litigiosidad" y, por tanto, en "menores cargas" para la administración y el contribuyente.

La experiencia en Galicia, sin embargo, demuestra que eso no es así. Sí en el aumento de los valores. En 2013, la revisión de la Xunta disparó el importe declarado en 4.700 millones en 2013 y en 5.600 millones en 2014, por ejemplo. Sin que las quejas de los contribuyentes se calmaran. Todo lo contrario. Las reclamaciones en el TEAR marcaron máximos históricos y alrededor del 80% dan la favor al ciudadano. De hecho, la propia Inspección General del Ministerio de Hacienda lleva años tirando de las orejas a la Xunta por la elevada conflictividad derivada de sus retasaciones.

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