El parón en el procedimiento que investiga la quiebra de la multinacional Pescanova SA -que fuentes de la acusación atribuyen a requerimientos de varios imputados, todos de la excúpula de la pesquera- no ha puesto el freno a la investigación sobre el patrimonio de la familia del expresidente Manuel Fernández de Sousa. Unas pesquisas que se han separado de la pieza principal que ha instruido la Audiencia Nacional y por la que han resultado imputados los hijos (Pablo e Ignacio) y la esposa (Rosario Andrade) del empresario vigués por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Ahora el fiscal anticorrupción Juan Pavía ha emitido un escrito en el que los acusa de defraudar 1,73 millones de euros al fisco. El origen de este procedimiento emana de la localización en Andorra de tres cuentas bancarias por importe conjunto de casi 3,5 millones de euros, que nunca fueron declarados. El pasado mayo, como avanzó FARO, el magistrado José de la Mata -quien asumió la instrucción en relevo de Pablo Ruz- ya había ordenado el embargo de las cuentas, bloqueadas de facto ya desde 2015.
El escrito de Fiscalía, del 14 de septiembre, concluye que los bienes localizados en una sucursal de Andbank en Canillo (Andorra) "deben considerarse ganancias patrimoniales no justificadas imputables al ejercicio fiscal" más antiguo y, por tanto, no prescrito (2013) "y susceptible de regularización". El mismo informe expone que Pablo Fernández Andrade es titular de una cuenta en la misma entidad que contaba en 2013 con 1,09 millones de euros, "de los cuales 22.840 euros corresponden a rendimientos íntegros". Según expone Juan Pavía la cuota a ingresar debería haber sido de 564.852 euros ese año, y no los 8.686 que abonó el vástago de Fernández de Sousa. Por este motivo Anticorrupción entiende que "defraudó presuntamente 556.138,48 euros" a la Hacienda Pública. Además de en la pieza separada, Pablo Fernández Andrade está imputado en el rollo principal del caso Pescanova, y se sentará en el banquillo acusado de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible. En el auto de apertura de juicio oral, dictado en junio, se piden para él más de trece años de cárcel.
Las acusaciones contra Ignacio Fernández Andrade -no figura en la causa principal- son similares. En este caso Anticorrupción cifra el importe defraudado en 572.329 euros. Quien también figura como investigada en el caso Pescanova es Rosario Andrade Detrell, acusada en este caso de alzamiento de bienes (alternativamente, de blanqueo de capitales), y encara una pena de tres años de prisión. El informe de la fiscalía -en esta pieza separada- eleva el importe presuntamente defraudado a Hacienda a 606.262 euros. Como quiera que en los tres casos la cantidad supera los 120.000 euros -el umbral mínimo para tipificar la defraudación como delito, según el artículo 305 del Código Penal-, la causa prosigue en su contra aunque hayan firmado una conformidad "reconociendo sus deudas tributarias". Por este motivo el magistrado instructor ha ordenado ya dar traslado a la Agencia Tributaria -en una providencia del 25 de octubre- para que suspenda los expedientes sancionadores, ya que el proceso continuará en sede judicial. Asimismo, De la Mata ha ofrecido a la Abogacía del Estado a que se persone en la causa para defender al erario público por las cuotas presuntamente defraudadas.
El auto de apertura de juicio oral del caso Pescanova fijó multas a afianzar a Pablo Fernández y Rosario Andrade de 504.000 y 216.000 euros, respectivamente, así como una responsabilidad civil -para el primero, y de forma solidaria- de más de 200 millones de euros. Manuel Fernández de Sousa, principal encausado, ha arremetido contra el procedimiento que se sigue contra su hijo, ex director general de Área en la multinacional y exconsejero. "La larga instrucción no ha ofrecido asomo de responsabilidad criminal respecto de Pablo Fernández Andrade, persona encausada únicamente por ser hijo de mi mandante", rezaba un escrito del letrado de Sousa del pasado marzo.
