La brecha abierta en Maderas Iglesias sigue sin cerrarse. Tras tumbar el preacuerdo entre el comité y la dirección de la empresa el pasado martes, los 200 trabajadores de la compañía celebraron ayer una nueva asamblea para decidir si la huelga continúa o no. A diferencia de la anterior, esta fue realizada mediante voto secreto en urna, pero se saldó con el mismo resultado: mantener los paros indefinidos.
La opción de continuar con la huelga se impuso en la consulta tras ser aprobada con 115 votos a favor (62,5%), frente a los 69 (37,5%) que se decantaron por suspenderla. De esta forma, Maderas Iglesias se encamina a su tercera semana consecutiva de huelga -arrancó el pasado 28 de agosto- pese al preacuerdo alcanzado a comienzos de semana entre empresa y sindicatos. En el documento firmado en el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), que actuó de mediador, se acordaba poner fin a la huelga en Maderas Iglesias. A cambio, la empresa se comprometía a no realizar ningún tipo de despido hasta noviembre de 2019 y ofrecía abonar la nómina de agosto en diez días y la extra de verano, antes de noviembre. Además, se pactaba abrir una mesa de negociación a partir del próximo mes para elaborar el nuevo convenio colectivo -el anterior expiró hace casi cuatro años-.
Sin embargo, tras casi una década de travesía por el desierto con ocho ERE que han reducido el tamaño de la plantilla a una cuarta parte y tras cuatro años consecutivos acumulando atrasos de nóminas, la plantilla recela de los compromisos de la dirección de la empresa. "No son pagos inmediatos y la empresa no despierta confianza en la plantilla después de tantos incumplimientos", relataban fuentes sindicales a FARO el pasado martes.
Maderas Iglesias atraviesa la huelga más prolongada de sus 32 años de historia mientras acelera la búsqueda de posibles compradores interesados en tomar las riendas de la compañía. Algo que, según el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, "en nada ayuda" al futuro de la compañía con sede en Porriño, como reiteró este jueves en el Parlamento gallego.
La firma, que en su día llegó a ser el mayor fabricante de tarima flotante de toda España, carga con una deuda cercana a los 55 millones de euros y busca la entrada de nuevos propietarios que aporten el músculo financiero necesario para garantizar su continuidad. Pero, por el momento, a solo ha llegado una propuesta formal. Fue la realizada por un fondo, que ofrecía un millón de euros por la compañía y que fue rechazada por considerar que el valor de la compañía era superior.
