Maderas Iglesias afronta el momento más decisivo de sus 43 años de actividad con la situación más tensa de toda su historia. Los 200 trabajadores de la empresa porriñesa, inmersa en la búsqueda de un comprador que haga posible su continuidad, afrontan hoy su décimo día de huelga indefinida en protesta por los atrasos en tres pagas. Para resolver el conflicto y que esta situación no afecte al interés de posibles compradores, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, desveló ayer que la Xunta ya solicitó la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais para buscar el entendimiento entre la dirección y la plantilla.
La llegada de nuevos propietarios que aporten pulmón financiero se presume vital para garantizar la continuidad del fabricante de tarima flotante, que durante el apogeo de la burbuja inmobiliaria llegó a contar con 800 trabajadores en plantilla. Pero, por el momento, a la mesa de la dirección de la compañía solo ha llegado una propuesta concreta. Se trata de una oferta de un millón de euros presentada por un fondo y que se topó con la oposición del actual equipo propietario por considerarla demasiado reducida.
Por ello, Conde emplaza a la dirección de la empresa y a sus empleados a alinear intereses para garantizar el futuro de una empresa de la que calificó su situación como "muy crítica" . "El camino para la supervivencia de la empresa no puede pasar, a juicio del conselleiro, "ni por la confrontación laboral" ni "por la inacción de la empresa".
El mensaje de Conde se dirige en dos direcciones. Por un lado, reitera su llamamiento a poner fin a la huelga a los trabajadores con los que posteriormente se reunió en la sede de la Consellería en Santiago. Por otro, lanza un dardo a la cúpula de la firma porriñesa, que tiene la última palabra a la hora de decidir si la empresa cambia de manos y, de ser así, a qué precio. En concreto, el conselleiro de Economía instó a la compañía a poner en marcha un plan empresarial realista con el objetivo de atraer a posibles compradores. Una tarea para la que, según añadió, tiene "la mano tendida" del Ejecutivo autonómico, que se ofrece a realizar las gestiones para "facilitar llegar a ese entendimiento".
El tiempo apremia para la búsqueda de soluciones en una firma que no registra actividad en su planta desde hace más de una semana. A las dificultades de la empresa para lidiar con su abultado pasivo se suman en las últimas semanas los problemas de liquidez que han provocado los impagos de la extra de verano y de la nómina de agosto, que se suman a la aún pendiente extra de Navidad. "Si la Xunta no cumple con lo que se le pide y con lo que se comprometió en el Parlamento en el plazo de un mes, el futuro es complicado", declaraba Xulio Vicente, de CIG-Construción, al término de la reunión que mantuvo el comité de empresa con representantes del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) la semana pasada en la ciudad de Vigo.
