De todos los infortunios que han alterado y manchado el nombre de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en los últimos años, es la primera vez que ni siquiera los estatutos marcan el camino a seguir para solventar un nuevo enredo. Tres presidentes en cuatro años, una condena millonaria por uso irregular de fondos públicos, expulsión del secretario general (indemnización mediante), despidos... Los estatutos siempre daban una respuesta, un respaldo. Hasta ayer, cuando la patronal gallega cerró el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia sin que se hubiese inscrito un solo voluntario. De acuerdo a las normas que rigen el funcionamiento de la principal organización empresarial de Galicia, "en caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente le sustituirá la junta de vicepresidentes", al frente de la cual está el coruñés Antonio Fontenla. Pero en este caso no hay patrón mayor; nadie ha querido serlo. Tendrán que ser los servicios jurídicos de la CEG los que, el lunes, den una respuesta.
Las opciones son varias, pero ninguna -a juicio de los vocales consultados por FARO- serviría para abolir el reino de taifas en la confederación. Entre las posibilidades está la continuidad de esa junta de vicepresidentes, compuesta por los líderes de las provinciales (Jorge Cebreiros, de Pontevedra; Jaime López, de Lugo; José Manuel Pérez Canal, de Ourense, y el propio Fontenla). La patronal pontevedresa es favorable a esta vía siempre y cuando se reformen los estatutos, incluso con una redacción "encargada a un despacho profesional". "Y, en cuanto estén, elecciones", expone Cebreiros. Serían así los mismos cuatro líderes que no han podido encontrar, como pretendían, un candidato de consenso, los que asuman temas de calado como la negociación para el pago a plazos de la condena millonaria del Pexga.
Dado que el lunes está convocada la junta directiva -de inicio, para la proclamación de los candidatos-, este organismo también podría proponer una solución alternativa y someterla a la asamblea. Porque, aunque no haya candidato, a día de hoy los vocales están convocados para una junta general el viernes día 20. En la junta directiva la presión la imprimirán las patronales sectoriales, tanto hacia Fontenla como a los demás presidentes provinciales. "Para mí esto es un problema de personas. Deberían dar un paso atrás todos y que cada provincia designe a alguien nuevo como representante suyo en la confederación", apunta un vocal a FARO. Esta vía requeriría también un cambio de estatutos. "La junta de vicepresidentes estará formada por los respectivos presidentes de las confederaciones provinciales", reza el artículo 28. La asamblea podría incluso convocar una junta de urgencia con 48 horas de antelación y liquidar la CEG.
La solución propuesta por Antonio Dieter Moure, expresidente de la patronal y una de las víctimas del cisma interno -aguantó solo nueve meses en el cargo- es dar entrada a un grupo de empresarios nuevos en el órgano que ahora mismo gobierna la CEG, calmar los ánimos y "quizás en seis meses se anime alguien". Pero el ourensano lo tiene claro: "Solo Fontenla puede resolver esta situación, yéndose". Del mismo palo es el vigués José Manuel Fernández Alvariño, que lamenta que estén "matando la CEG" y pide la asunción de responsabilidades por la sentencia del Plan Pexga. "Hay una responsabilidad directa de Fontenla. Yo estoy dispuesto a que se investigue mi mandato", apunta.
División
La reforma estatutaria permitiría solventar el actual vacío de poder, permitir al presidente disponer de un equipo de confianza o configurar una asamblea menos rígida. Con el texto actual cualquier propuesta se queda sin posibilidades de prosperar si una de las provinciales logra el apoyo de las sectoriales, por ejemplo, o si continúa el actual escenario belicoso entre el norte (A Coruña) y el sur (Pontevedra y Ourense). Y si este sur aspira a tumbar la sempiterna presencia de Fontenla en la organización, planteamientos como el reconocimiento de una deuda histórica no ayudan a que exista una buena relación con las sectoriales. Cebreiros y Pérez Canal están en contra del reparto de subvenciones a las provincias -esta propuesta no tiene en cuenta a las demás organizaciones de la CEG-, pero el primero sí ha remitido un burofax a la gallega para reclamar 90.000 euros en concepto de deuda histórica por la asistencia a consejos remunerados entre 2008 y 2013. "La CEG está para ayudar, no para saquearla", claman desde las sectoriales. Ourense tampoco está de acuerdo con esta reclamación. A día de hoy la patronal gallega adeuda 1,2 millones por una hipoteca sobre su sede y medio millón por la sentencia del Pexga, además de deudas con proveedores.
