Desde que el Tribunal Supremo reconoció en 2014 el derecho de las empresas eléctricas a recuperar a través del recibo de la luz el dinero gastado en los impuestos que las autonomías les aplican para mantener la unidad de mercado y evitar que los usuarios de territorios sin tributos acaben pagando por los que sí tienen, la Xunta mostró su rotundo rechazo. Es una de las autonomías con mayor presión fiscal al sector y donde más subiría la factura. La Consellería de Economía, Emprego e Industria se negaba a pasar al Gobierno los datos de recaudación para calcular cuánto hay que reintegrar a las compañías y cuánto, por tanto, deben pagar los clientes. Su oposición y la de otras muchas comunidades dilató tanto el proceso, adelantado por FARO, que el Supremo amenazó al Ministerio de Industria con posibles multas.

El departamento que dirige Álvaro Nadal publicó el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para forzar a las regiones a aportar la información, que en el caso de Galicia afecta al canon eólico, canon a los embalses, impuesto por emisiones e incluso el de saneamiento. Así figura en el texto, donde la Xunta ya no aparece entre las autonomías que deben los datos a Industria. La consellería confirma que se han entregado, aunque con la advertencia al Gobierno de que intentarán bloquear su uso para los llamados suplementos territoriales. Ahora habrá que ver si coinciden con los números de las empresas, que pueden reclamar directamente.

A pesar de que el Supremo no hace ninguna diferencia en el tipo de impuestos porque tampoco el Gobierno lo hizo cuando los declaró obligatorios en 2013 -actualmente los recargos a la luz son voluntarios otra vez-, la Xunta sigue insistiendo en que los suyos son "medioambientales" y "no gravan las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico". El Gobierno es directo: son todos, tanto los que se pagan "directa como indirectamente".

"La Xunta va a recurrir, sin ninguna duda", aseguraba ayer el vicepresidente, Alfonso Rueda. "No estamos de acuerdo -añadió- y no es una decisión adecuada".

En la consellería insisten en esa idea: "La Xunta ya manifestó públicamente que va a recurrir la aplicación, cumpliendo también el mandato aprobado por unanimidad por el Parlamento gallego".