El presidente de CSIF, Miguel Borra, aseguró que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien mostró su disconformidad con la subida salarial del 1%, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, destacó que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un "primer paso" en las negociaciones, si bien incidió en que la "prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.
De su lado, el secretario general de FSC-CCOO, Javier Jiménez, celebró la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda. Jiménez recordó que el acuerdo incorpora a sectores prioritarios más allá de los recogidos en el proyecto de PGE y supone "cerrar una etapa muy triste, muy negra, de cómo la cómo la reducción de empleo como consecuencia de la crisis ha llevado a la privatización de servicios".
