El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, opina que retrasar aún más la edad de jubilación "podría estar justificado" para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y ha puesto sobre la mesa una medida adoptada en algunos países, donde la edad de acceso legal a la jubilación depende de la esperanza de vida.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde expuso: "Hay que decidir el papel que quiere otorgarse a retrasos adicionales de la edad de jubilación, opción que podría ser justificada por el incremento de la esperanza de vida y el retraso en la entrada en el mundo laboral". Y añadió: "Desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos".
El gobernador del Banco de España abogó asimismo por estimular los planes de pensiones. "Se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del sistema contributivo público con la acumulación de activos financieros con los que suplementar las futuras pensiones públicas".
Linde rechazó que la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP y CiU, sea responsable de la caída de las cotizaciones sociales y con ello del déficit del sistema. "De ningún modo puede achacarse a la reforma laboral lo ocurrido con los ingresos de la Seguridad Social. La devaluación salarial ha contribuido algo, pero lo fundamental es el desempleo (causado por la crisis) sin la menor duda", enfatizó.
El sistema de pensiones, reflexionó Linde, se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población -que conlleva un menor número de cotizantes- y el aumento de la esperanza de vida -que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo-, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.
En este contexto, Linde señaló que ya se han tomado medidas para compensar los desequilibrios con las reformas de las pensiones del PSOE, que en 2011 retrasó la edad de jubilación a los 67 años a partir de 2027, y del PP, que en 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y desvinculó la evolución de las pensiones del IPC.
Tasa de sustitución
Así, al margen de los efectos positivos que tendría una mejora del mercado laboral y de la productividad, el gobernador defendió que haría falta reducir la tasa de sustitución -el porcentaje del último salario que se recibe como pensión inicial- aunque señaló que eso ya se ha conseguido con el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno popular, que empezará a aplicarse en 2019.
La segunda vía a explorar para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es buscar nuevas vías de financiación. En este punto, Linde rechazó la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que esto tendría sobre el mercado laboral.
Las cotizaciones son impuestos al empleo. En España son ya más altas que en nuestro entorno y, en principio, una vuelta de tuerca a las cotizaciones no es aconsejable por su impacto sobre el empleo", reiteró.
Además, alertó de que destopar las cotizaciones generaría un "fuerte incremento de los costes laborales" y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.
Otra posibilidad sería destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones -como viudedad u orfandad, entre otras- con los Presupuestos Generales del Estado, lo que "exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general", algo que el gobernador desaconseja porque podría afectar a su vez al crecimiento económico.
En este contexto, el gobernador cree necesario mantener un mecanismo automático de equilibrio como el actual índice de revalorización, con su actual diseño u otro, y también emplazó a las Administraciones públicas a "volver a la senda de consolidación fiscal y reducción de la deuda para situar las finanzas públicas en la mejor posición para afrontar" los retos futuros, que exigen una "estrategia amplia de política económica" y la "mayor transparencia posible".
En cualquier caso, hizo hincapié en que "defender y preservar el sistema de pensiones público es fundamental". "Hay que hacer lo posible para preservarlo y cuidarlo. Es una prioridad económica y política absoluta", insistió, matizando que esto no es incompatible con defender el fomento de planes "complementarios" que puedan gestionarse de manera pública o privada.
