El duro ajuste que el Banco Popular prepara tiene ya cifras concretas sobre el impacto en Galicia, uno de los territorios más afectados, donde estaba previsto el cierre del 15% de las oficinas que están actualmente operativas y la eliminación del 15% de la plantilla. Durante la segunda reunión del periodo formal de consultas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que se articulará el recorte, el grupo presidido por Ángel Ron identificó las 42 sucursales de la comunidad que no seguirán abiertas de un total de 302 incluidas en "el proceso de reestructuración y optimización". De ese total, 18 están en la provincia de Pontevedra, otras 16 en la de A Coruña, cinco en Ourense y 3 en Lugo. Aunque inicialmente se fijó el cese de unos 450 trabajadores, por el momento, entre los que saldrán de la entidad por la clausura de red y algunos servicios que todavía se prestaban desde la comunidad, la cifra ronda los 250.

La ciudad con mayor número de cierres es Vigo. Nueve. Dos son sucursales de Popular, las de Gran Vía y Sárdoma. El resto están bajo la marca Pastor, que el grupo recuperó poco después de la absorción como diferencial de su negocio en la comunidad: las de Reconquista, Travesía de Vigo 111, Conde de Torrecedeira, Parque Logístico de Valladares, la de la Carretera de Valladares, Avenida de Fragoso y Ramón Nieto. La lista incorpora una de las oficinas de Vilagarcía de Arousa, Redondela, dos de la capital pontevedresa, Porriño, Marín, Lalín, Cangas y A Estrada. En A Coruña ciudad echarán el cierre siete sucursales; dos en Santiago y Ferrol; y una en Narón, Arteixo, Carballo, Oleiros y Ribeira. Otra más de la ciudad de Lugo; de Monforte, Sarria, O Barco de Valdeorras, Verín y tres en Ourense, según consta en la relación de red afectada a la que tuvo acceso FARO.

El Popular pone sobre la mesa prejubilaciones con el 75% del salario neto pensionable para una parte de los 2.894 trabajadores que se incluirían en el ERE. Concretamente para aquellos a partir de 59 años y que quedarían cubiertos hasta los 63. La entidad estima que más de 1.800 trabajadores podrían acogerse a las prejubilaciones con estas condiciones, el 62% de todo el ajuste previsto.

Los sindicatos rechazan las cifras y la actitud de la entidad. "Un proyecto de banco moderno y viable no puede prescindir de forma rápida de tal cantidad de plantilla", critica CC OO. "Volvemos a insistir en la mala fe del banco en este proceso -añade UGT- en el manejo de la información, que filtra interesadamente datos a la plantilla y prensa antes que a la mesa negociadora". Hoy vuelven a reunirse.