La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que equipara las indemnizaciones por despido de trabajadores temporales y fijos, ha disparado las lecturas sobre a quienes afecta (interinos, temporales o ambos) y su posible carácter retroactivo. El fallo ha sido acogido de muy distinta manera y tanto los servicios jurídicos del Ministerio de Empleo, como los de los sindicatos CC OO, UGT y la patronal estudian el impacto de una sentencia que básicamente declara discriminatorio el sistema español de indemnizaciones, en especial para los interinos (300.000 en España), que hasta ahora no cobraban indemnización al finalizar su contrato. En Galicia existen más de 200.000 asalariados con contrato temporal que se podrían ver afectados por esta medida.
Otra de las consecuencias de la sentencia es su posible carácter retroactivo, que podría suponer la apertura de una sucesión de reclamaciones por parte de trabajadores interinos y temporales cuyos contratos finalicen a partir de ahora o hayan cesado en un plazo no superior a un año. Según la sentencia, que da la razón a la trabajadora interina del Ministerio de Defensa Ana de Diego Porras, los contratos temporales deberán tener la misma indemnización que los indefinidos (20 días por año trabajado), y esto deberá ser aplicable a los interinos. El TJUE no ve razones objetivas que justifiquen que los trabajadores indefinidos y temporales perciban indemnizaciones, y los interinos no. En ese sentido, la CSI-F ha recordado que los interinos tienen una gran presencia en las administraciones públicas y ha aprovechado el escenario para reclamar una oferta de empleo público que evite el abuso de la contratación de este tipo de personal.
Una vez conocido el fallo, los sindicatos CC OO y UGT han expresado su "máxima" satisfacción ante una sentencia que, han dicho, "enmienda la plana" a la reforma laboral y pone "negro sobre blanco" en el principio de igualdad de las relaciones laborales. Tanto Pepe Álvarez como Ignacio Fernández Toxo coincidieron en la necesidad de una "reforma parcial" del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo a la sentencia del TJEU. A ello también se refirieron ayer desde PSOE y Podemos.
En el caso de Galicia, responsables de ambos sindicatos explicaron que lo ideal es "ser cautos" a la hora de interpretar la sentencia. Luis Baneira , de UGT, concretó que la sentencia "es una noticia muy positiva" ya que pone de manifiesto que "durante 15 años, ha habido millones de trabajadores que no han cobrado el dinero que de verdad les correspondía". "Ahora además los juzgados españoles tendrá que acatar la jurisprudencia de la UE", indicó.
Por su parte, Ramiro Otero, de CC OO, explicó que la UE "busca no solo igualar, sino ver los contratos que tienen un fraude de ley". "El modelo español acaba de ser tirado abajo por la UE y vamos a intentar que tenga una homologación", concretó.
Sin embargo, para la patronal CEOE la sentencia no obliga a hacer ningún tipo de cambio a la normativa española y consideran que tiene dos errores de concepto. Según la CEOE, en España, a todos los trabajadores, con contrato temporal o indefinido, se les aplica el mismo régimen jurídico y la misma extinción cuando se considera despido disciplinario, por causas objetivas o colectivo, que en el caso de procedente es de 20 días y de 33 si es improcedente. La patronal precisó que la única diferencia es que los temporales tienen una indemnización de 12 días si ha terminado la duración del contrato.
El Gobierno en funciones analizará el impacto en la seguridad jurídica de las relaciones laborales, si bien ha adelantado que cree que sus efectos son, esencialmente, en los trabajadores interinos. Según el secretario de Estado de Empleo en funciones, Juan Pablo Riesgo, una vez haya sido analizado el impacto "y cuando el Gobierno, o un Gobierno, esté plenamente en sus funciones" podrá implementar los cambios oportunos "si así lo estima conveniente". Decisiones que -explicó- también podría tomar el Parlamento. A juicio de Riesgo, el fallo "nada tiene que ver" con la reforma laboral, ya que este asunto está regulado desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980.
