El resurgir del coche eléctrico, impulsado por desconfianza generada por el escándalo de las emisiones contaminantes de los motores diésel que ha salpicado a varios fabricantes, en especial a las marcas del Grupo Volkswagen, ha reactivado la demanda de baterías de ion-litio y a la vez la necesidad de contar en Europa con fabricantes de este tipo de componentes. En las últimas semanas han trascendido dos importantes inversiones que lo confirman: una cerrada, la del gigante surcoreano Samsung SDI en Hungría, donde abrirá una planta de baterías en 2018 con una inversión de 325 millones de euros, y otra en negociación, la de LG en Polonia, que quiere establecer en este país la que sería su segunda mayor fábrica de baterías tras la que tiene en China, con capacidad para unas 229.000 unidades al año.
La elección de los países de Europa del Este como emplazamiento busca por una parte asegurarse unos costes de mano de obra baratos y por otra proximidad a las grandes marcas alemanas, que aspiran a capitanear el mercado de los eléctricos e híbridos en Europa en los próximos cinco-diez años. De hecho, la japonesa Panasonic ya cuenta con una planta de baterías de ion-litio en Bratislava, en Eslovaquia, desde la que provee a distintos fabricantes centroeuropeos. A esta instalación se sumará en 2018 la de Samsung SDI en la localidad de God, cerca de Budapest, que supondrá la inversión de 325 millones de euros y la creación de 600 empleos, con una capacidad inicial de 50.000 baterías de ion-litio al año. Entre sus principales clientes estarán BMW, Volkswagen o Mercedes, entre otros. LG, por su parte, quiere proveer a compañías como Renault o General Motors desde Polonia, donde negocia la instalación de una megaplanta para 229.000 baterías al año. De confirmarse, sería su cuarta fábrica de baterías tras la de Nanjing (China), Michigan (EE UU) y Ochang (Corea del Sur).
Galicia tuvo en 2010-2011 serias opciones de acoger también una planta de baterías, en su caso del consorcio formado por las japonesas Mitsubishi y GS-Yuasa, pero la falta de terrenos con plenas garantías jurídicas (la localización más adecuada por la necesidad de terreno que requería el consorcio nipón era la plataforma logística de Salvaterra), el lento arranque entonces del coche eléctrico y el tsunami de Fukushima, que paralizó todas las inversiones japonesas en el exterior, terminaron por enterrar este ambicioso proyecto que aspiraba a cambiar el sector de automoción. En la actualidad ya no hay contactos entre la Administración gallega que, junto a Ceaga, capitaneó la negociación con los inversores, y Mitsubishi-GS Yuasa, aunque desde la Xunta apuntan que siempre están atentos a cualquier posible oportunidad de negocio.
