El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de ley orgánica que permite la publicación de sentencias firmes de defraudadores fiscales y que presenta como novedad que el condenado podrá evitar esa publicidad si repara el daño causado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que el texto será enviado a las Cortes para su tramitación en paralelo con la Ley General Tributaria. La vicepresidenta incidió en que se respetarán los derechos fundamentales del honor de los afectados y señaló que el pasado año hubo 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda pública.
Asimismo, recalcó que el anteproyecto prevé que sea el secretario judicial quien certifique las sentencias firmes para su publicación, aunque no en su totalidad, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La vicepresidenta explicó que el Ejecutivo ha estudiado los diferentes informes que se han emitido sobre la retroactividad de la publicación de las sentencias y el carácter penal o no de una medida de esta naturaleza, sobre la que hay distintos criterios según las instituciones. A este respecto, subrayó que el Gobierno comparte la teoría del Consejo General del Poder Judicial de que no es una pena, "igual que no lo son algunas sanciones de ámbito económico que deben publicarse y que no se consideran normas restrictivas".
Sáenz de Santamaría subrayó que el Gobierno ha optado por una retroactividad "media", que prevé que se publiquen las sentencias que sean firmes una vez que haya entrado en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes.
