El ministerio de Industria, José Manuel Soria, señaló ayer que utilizará la "inacción de la Unión Europea" como uno de sus ejes en la reclamación que presentará contra la resolución del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y que obliga a los inversores a devolver las bonificaciones fiscales del tax lease recibidas entre 2007 y 2011. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados a petición del BNG, Soria aseguró que "el Gobierno piensa que hay argumentos jurídicos sólidos para recurrir esta decisión que va contra el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica con el que en todo momento han actuado todos los agentes del sector". Lo que si descartó definitivamente el Ejecutivo es pedir medidas cautelares, después de que se lo desaconsejara la patronal del sector, Pymar, por la inseguridad jurídica que se podría generar, que volvería a paralizar la actividad de los astilleros.
Soria puntualizó que "la confianza legítima supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos. En el anterior tax lease fueron muchas las ocasiones en las que la UE hizo concebir esta esperanza a los astilleros, armadores, bancos e inversores". Esta confianza del sector procedía "en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea" y, en segundo lugar, de documentos como una carta enviada en marzo de 2009 por la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se aseguraba que el tax lease no era discriminatorio.
En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, Soria consideró que "la Comisión no puede retrasar sine die el ejercicio de sus facultades" y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de que "ha habido una larga inacción por parte de la Comisión Europea", señaló. La Comisión Europea, aseguró el ministro a este respecto, sabía que España iba a disponer de un sistema de tax lease incluso antes de su implantación, e incluso recibió información posterior a través de las renuncias de los astilleros europeos. "A pesar de todo ello, permaneció inactiva durante diez años. Pero hasta 2011 no incoó expediente ni despejó posibles dudas sobre el mismo", por lo que el Ejecutivo comunitario "ha tenido una política dubitativa durante estos diez años", aseguró.
Soria explicó además que el Gobierno no solicitará finalmente medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la resolución de Bruselas y adelantó que hoy el recurso será analizado ante la comisión encargada de asuntos económicos para que reciba el visto bueno y pueda ser presentado antes del 28 de septiembre.
El Ejecutivo, explicó, se planteó junto a comunidades y sindicatos la presentación de estas cautelares, pero fueron finalmente los astilleros los que desaconsejaron la medida porque "los inversores avisaron de que les puede llevar a no poder financiar ni siquiera un nuevo barco". Por este motivo, "podía ser peor el remedio que la enfermedad" en lo referido a las cautelares, indicó Soria, quien además recordó que en la historia del Tribunal nunca se han aceptado unas cautelares antes de que el recurso sea interpuesto.
El ministro también sostuvo que, frente a la inacción de la UE, "el Gobierno español ha atendido todas las peticiones que se le hicieron por parte de la Comisión desde 2006, sin ningún tipo de retraso ni obstrucción." Además, destacó el compromiso con este asunto de todos los departamentos del Ejecutivo implicados.
A entender de Soria medidas como la de obligar al sector naval a devolver las ayudas va en contra de la reindustrialización europea ya que podría acarrear la deslocalización de muchas de estas empresas hacia países asiáticos. También el portavoz del PSOE, el diputado José Blanco, aseguró que esta medida puede abrir una guerra comercial entre los estados miembros.
Pemex
El director general de Valiña, Fernando Alcalde, que participa con Freire en la alianza gallego-mexicana que aspira a construir los 22 buques de la flota menor de Pemex, admitió sobre la posibilidad de que algunas embarcaciones se hagan en su factoría que es "el cliente el que decide" y que habrá que esperar por sus tiempos.
