Los economistas Miguel Cano y Danilo Lugo definieron la auditoría forense como "la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva para que sea aceptada un juez en contra de los perpetradores de un crimen económico".Y así lo corroboran a FARO fuentes jurídicas: el trabajo de un forensic es la detección de un fraude, y es lo que un nutrido equipo de profesionales está llevando a cabo ya en las instalaciones de Pescanova en Chapela. Auditores, ingenieros informáticos, abogados, contables o policías en excedencia del equipo de KPMG se encuentran ya en las instalaciones centrales de Pescanova para dirimir si la cúpula cometió algún tipo de irregularidad económica en la gestión de la multinacional. Se trata de un equipo con un perfil "multidisciplinar" que suma, de este modo, "profesionales de distintas áreas".
La intención es la de detectar la supuesta doble contabilidad de Pescanova, así como la emisión de facturas falsas, filiales fuera de consolidación (que debieran formar parte del grupo) o el posible abuso de mercado -que investiga también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- por parte del presidente, Manuel Fernández de Sousa. Para los consejeros más críticos el trabajo de KPMG "solo pondrá números a las sospechas", ya que "hay hechos consumados que son ya irregularidades". Se refieren, por ejemplo, a la venta por parte de Sousa de la mitad de sus acciones sin comunicarlo al regulador, del supuesto cobro de salarios variables y dietas de las filiales sin la preceptiva autorización o el reconocimiento de que la deuda puede duplicar que la que oficialmente reconocía la pesquera.
De acuerdo con lo que ya indicó la CNMV el martes, el regulador está "monitorizando" las tareas de KPMG, aunque a las fuentes consultadas no les consta que así sea "por el momento". Más allá del trabajo que desarrolla esta compañía, contratada por Pescanova (aunque, según la banca acreedora, impuesta por el regulador bursátil), desde el entorno de la compañía siguen "alarmados" con la "complacencia" que muestran las autoridades "frente a una empresa de la que ya se han conocido y reconocido múltiples irregularidades". No entienden, por ejemplo, cómo Fernández de Sousa pudo ser recibido por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, en dos ocasiones esta semana. "¿Cómo puede ser que lo reciba y para qué?", se preguntan estas fuentes. Desde la empresa, por su parte, minimizaron la petición del juez de lo mercantil encargado de su concurso, que le dio cinco días a Pescanova para presentar más datos.
Petición al juez
Al igual que el regulador se ha limitado -por ahora- a supervisar al auditor sin tomar ninguna medida adicional en la gestión de la empresa, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó ayer la presión sobre la viabilidad de la compañía no sobre Sousa, sino sobre el juez titular del caso. "Los administradores concursales deben ser de primer nivel, de excepcionales conocimientos financieros", expuso. "En mi opinión, Pescanova debe restituir la confianza sin demora y con transparencia", sostuvo. Feijóo rehusó pronunciarse sobre el futuro del presidente: "No corresponde al Gobierno hacer este tipo de análisis ni de pronunciamiento. Lo que sí le corresponde es pedir que los administradores concursales sean personas de reconocido prestigio y experiencia ante un concurso tan complejo como éste". "La Justicia y la CNMV tendrán que decidir lo oportuno, pero lo que hoy urge es asegurar la viabilidad de la empresa y mantener los puestos de trabajo", dijo.
Un entramado societario familiar para una multinacional - Sousa posee el 7,45% de Pescanova a través de Gicsa y Sociedad de Desarrollo y Control. La primera permite a su amigo Jesús García -lleva en la compañía desde 1964 y ocupó puesto en diferentes filiales- sentarse en el consejo; la segunda, que su hermano y el hijo lo hagan pese a no tener acciones.
