La Comisión Europea informó ayer de la apertura de un expediente sancionador a España por incumplir las nuevas normas para gallinas ponedoras, que desde el pasado 1 de enero obligan a adecuar las jaulas con nuevas exigencias para mejorar el bienestar de estos animales.

La apertura del expediente tiene la forma de una carta en la que el comisario de Salud, John Dalli, informa a las autoridades del país que desde la entrada en vigor de la nueva norma debe hacer valer "la prohibición de las jaulas no enriquecidas".

Además de España, los expedientes sancionadores afectarán a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía. El Ejecutivo comunitario insiste en la importancia de cumplir la directiva porque lo contrario supone un riesgo para el bienestar animal, "pero también puede implicar distorsiones en el mercado y una competencia desleal".

En torno a "un tercio" de la producción española "no cumple" con las normas europeas, según fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, que apuntan que con esta cifra España ocupa el segundo puesto de una lista de trece países incumplidores, sólo por delante de Italia.

En España hay 720 explotaciones y una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras, según datos del Ministerio, que en diciembre estimó que cerca del 50% de las jaulas ya estaban acondicionadas.

La semana pasada, el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo que España está "en la senda de cumplimiento" de la norma y pidió a Bruselas "cierta flexibilidad" para la adaptación del sector.

Entre los requisitos de las jaulas enriquecidas figuran la obligación de una mayor superficie, para que cada ejemplar tenga al menos 750cm2, y de disponer de nidos y de dispositivos para el recorte de uñas o sistemas alternativos, "con el objetivo de satisfacer las necesidades fisiológicas y de comportamiento" del ave, según Bruselas.

Según datos de Bruselas, en diciembre aún había en la Unión Europea 51 millones de gallinas que no disponían de jaulas acondicionadas de acuerdo a las nuevas reglas, pese a que los gobiernos han tenido más de diez años para adaptarse a una directiva acordada en 2000.