Los ministros de Agricultura comunitarios tratarán de cerrar, entre el martes y el jueves, un pacto para cambiar la PAC, la política que más dinero absorbe del presupuesto comunitario -la mitad-, 55.800 millones de euros al año con España como segundo receptor (más de 6.900 millones para agricultura y pesca).
Aunque tanto en el entorno comunitario como en el español se ha insistido en que esta revisión o "chequeo médico" de la PAC consiste sólo en ajustes, la reforma es importante por su repercusión general en las ayudas a los productores y especialmente en el sector lácteo, ya que puede confirmar la desaparición de las cuotas.
Además, la negociación se ha producido en un contexto de crisis mundial, financiera y alimentaria, por la escasez y el encarecimiento de las materias primas o por la subida de los costes para el agricultor o ganadero.
Dentro de la revisión de la PAC que quiere la Comisión Europea (CE) y que defiende la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, los aspectos más difíciles para un pacto son la rebaja o "modulación" de las ayudas directas y el porvenir de las cuotas lecheras.
La "modulación" consiste en reducir las subvenciones directas y destinar el dinero obtenido a las políticas de desarrollo rural (cofinanciadas por la UE y los países), que promueven actividades distintas o complementarias a la agricultura.
Actualmente, esa reducción se aplica al 5% de las ayudas y la CE quiere que ascienda al 13% (es decir un 8% más) para los productores que reciben subsidios por más de 5.000 euros; para los que obtienen más de 100.000 euros, Bruselas plantea aún más recortes.
Esta propuesta ha sido rechazada por muchos países, entre ellos España, que pedirá que en lugar de un 8% la rebaja sea del 2%.
En España, las rebajas de ayudas propuestas por Bruselas sólo afectarían al 25% ó 30% de los productores y ascenderían a 200 millones de euros.
Dentro de las ofertas y negociaciones de la próxima semana es probable, según otras fuentes, que la CE haga alguna concesión y modifique su postura respecto a esa "modulación".
Más difícil es predecir el resultado de los enfrentamientos por las cuotas lecheras.
Bruselas ha propuesto eliminar las cuotas en 2015 y entre tanto, subir un 1% anualmente esos cupos, en cinco años, para acostumbrar al sector a la liberalización.
En este punto, hay varios grupos de países: Alemania y Francia lideran a los que quieren los menores cambios posibles; del lado contrario, el Reino Unido, Suecia o Dinamarca pretenden que las cuotas se incrementen o supriman cuanto antes.
España empezó la negociación pidiendo un cupo diferenciado, por ser deficitario en producción de leche, pero ahora ha optado por defender la "prudencia" y la observación sobre cómo evolucionan los mercados antes de grandes reformas, como dijo la propia ministra, Elena Espinosa, dada la situación delicada del sector.
Según fuentes comunitarias, entre los países "no se cuestiona tanto la fecha de 2015", lo que se discute sobre todo es "qué pasa hasta entonces con las cuotas" y si hay apoyos para los ganaderos.
Otra parte de la reforma afecta al llamado "pago único", que ya se da parcialmente a algunos sectores, como olivar o cereales, y que Bruselas pretende ampliar al máximo posible de subvenciones.
Ese pago se otorga por hectárea o por explotación y está desligado de la obligación de la cantidad de producción obtenida.
El Gobierno español defenderá que se mantenga un "acoplamiento" con la producción en los sectores de ovino y vacuno y atrasar la desvinculación de la cosecha para los forrajes, proteaginosas, frutos secos o arroz.
España, Italia y otros estados han aprovechado para pedir que las subvenciones al tabaco se mantengan hasta 2013, pues en principio terminan en 2010 y después la mitad pasa la "pago único".
La CE podría transigir en aplazar ese "pago único" para algunas producciones, pero Fischer Boel ha rechazado tajantemente reabrir las discusiones sobre el tabaco porque cree que es un sector polémico y eso acarrearía el rechazo de muchos otros países.
