Dos semanas después de presentarse el Expediente de Regulación de Empleo de forma paralela a la declaración de suspensión de pagos, la dirección de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa y los sindicatos alcanzaron hoy un acuerdo sobre la indemnización para los 234 trabajadores afectados. Finalmente, los pagos serán de 36 días de sueldo por año trabajado, de los que 20 serán costeados con recursos de la propia empresa y el resto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
El acuerdo con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) afecta al 26% de la plantilla total de la inmobiliaria, actualmente en situación de concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos). Contempla una indemnización para los afectados por el ajuste de 36 días por cada año trabajado, con un tope máximo de 20 mensualidades, superior a las de 25 y 28 días por años que la inmobiliaria ofreció en anteriores reuniones. Tal y como trascendió de la parte sindical, de la indemnización total, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se encargará de abonar 20 días por año y la empresa los otros 16, según apuntaron en fuentes de UGT.
Asimismo, en virtud del acuerdo, la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín se compromete a "poner todos los medios a su alcance" para garantizar el mantenimiento de la plantilla tras el ERE, que sumará algo más de 600 trabajadores.
El acuerdo queda ahora pendiente de que el Fogasa asuma los pagos y de que los trabajadores lo ratifiquen en los próximos días en asamblea. Posteriormente, será remitido al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, donde se tramita el concurso de la sociedad y que tiene la competencia para pronunciarse sobre el ajuste de plantilla de la inmobiliaria, dado el proceso concursal en que está inmersa.
Trabajo y sindicatos
En este sentido, el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció hoy que se inhibirá en el proceso de este ERE, argumentando que la Ley Concursal establece "competencia exclusiva" para el juez de un proceso concursal desde el mismo momento en que una empresa lo solicita. Para el Departamento que dirige Celestino Corbacho, la intervención de la Dirección General de Trabajo en el ajuste de plantilla de la inmobiliaria podría suponer "sustraer del gobierno del juez decisiones de la empresa de contenido económico, contenidas en el ERE y con incidencia directa en el concurso".
Ante el principio de acuerdo alcanzado con la empresa, CC.OO mostró su confianza en que los administradores concursales de la inmobiliaria y el juez encargado del concurso sean "sensibles a la situación a la que se han visto abocados los 234 trabajadores de la empresa y ratifiquen el acuerdo sobre el ERE", según indicó el secretario de Servicios Jurídicos de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma-CC.OO.), José Luis López, en un comunicado. Por su parte, UGT mostró su satisfacción ante el acuerdo, dado que presenta una indemnización superior a la inicialmente planteada por la empresa y permite, tal como era el objetivo de los sindicatos, trasladar un acuerdo al juez del concurso.
