Además del Gobierno, sindicatos, partidos políticos y autónomos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado por los ministros de Trabajo de la UE para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas.
La CE mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.
Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla.
También todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que la directiva supone un recorte social.
El portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de "confundir" a la opinión pública porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema puntual relacionado con el cómputo de las horas de las guardias médicas.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición de Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante, mientras que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la UE". El BNG instará al Parlamento a mostrar su rechazo a la medida aprobada.
