Heinrich Kieber ha roto el secreto bancario de Liechtenstein a cambio de una vida de fugitivo. Hoy se esconde a la sombra del pico Grauspitz (2.600 metros), en algún rincón desconocido todavía del valle del Rhin que se desliza entre Suiza y Austria, después de haber vendido datos de miles de cuentas que se creían protegidas de las miradas externas dentro de uno de los sistemas bancarios más opacos del mundo. Por poco más de cuatro millones de euros, Kieber ha demostrado que los paraísos fiscales son vulnerables.

El nombre de este oficinista de 42 años salía a la luz el pasado 19 de febrero, cuando el gobierno del pequeño principado ordenó su búsqueda y captura bajo la acusación de espionaje a favor de una nación extranjera. El bando llegaba tarde. El viernes 7 de marzo se recibía en el Ministerio de Finanzas de Alemania un segundo DVD, esta vez con detalles de cuentas por valor de 4.000 millones de euros.

Para entonces, los robos de Kieber habían desatado un fuerte movimiento anticompetencia fiscal que sigue removiendo los gabinetes de gobierno europeos, por no hablar de su conversión en la intriga internacional -con agentes de inteligencia implicados - más apasionantes desde la caída del muro de Berlín.

El fisco alemán ha recuperado hasta ahora 27,8 millones de euros por medio de acuerdos con 163 inculpados de depositar secretamente sus ingresos en Vaduz, en las arcas del Liechtenstein Global Trust, el banco que la familia real posee en la capital del principado.

El día 27 del mes pasado, las cortes de justicia de Vaduz pedían la colaboración de la policía de Munich y Bochum en la investigación sobre "las circustancias que han llevado a la transferencia de documentos obtenidos por Kieber y otros sujetos, a manos de las autoridades alemanas, y el tipo y alcance de los datos...". El conflicto entre David y Goliath quedaba confirmado.

Lo que el David no se esperaba era que los grandes países del viejo continente (junto a los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) se unirían para hacer presión sobre un puñado de microestados que han hecho un rasgo identitario de las políticas de impuestos mínimos, atrayendo tanto a fortunas particulares -desde Montserrat Caballé a Ringo Starr- como a corporaciones multinacionales.

"Estas pequeñas naciones tienen el derecho a ganarse la vida como quieran", opina Matthew Lynn, comentarista de Bloomberg. Y añade: "Ofrecer una alternativa a las superestructuras legales de altos impuestos no es más injusto que la capacidad de Alemania para construir automóviles de lujo o la aptitud de Francia con los vinos".

Puede que sea así, pero si las cifras no oficiales que se barajan -unos 100.000 millones de euros en impuestos evadidos en cada ejercicio- reflejan la situación, aunque sea pálidamente, la paciencia de algunos grandes estados se está acabando.

En efecto, el espíritu de Robin Hood parecía haber inspirado a los ministros de finanzas de la Unión Europea (UE) cuando se reunieron a principios de marzo en el edificio Berlaymont de la Rue de la Loi, en Bruselas, lejos de los bosques húmedos de Sherwood y Nottingham. "Los ciudadanos que poseen grandes capitales deben pagar sus impuestos. Aumentemos la disciplina", dijo al comienzo de la sesión el ministro de finanzas holandés, Wouter Bos, alentado por la lección que acababa de recibir Liechtenstein.

Por lo que concierne a Alemania, el ministro Peer Steinbrueck ha probado a sus compañeros que está dispuesto a pagar sobornos con tal de recuperar parte de los 30.000 millones de euros que, según estimaciones del sindicato de cobradores de impuestos, DStG, escapan anualmente de la hacienda germana hacia refugios fiscales.

Alemania ha infringido las barreras de confidencialidad de los servicios bancarios en uno de los minúsculos principados casi libres de impuestos de Europa, y su ministro del Interior, Wolfang Schaeuble, ha respaldado la medida -el pago de una cifra alrededor de los 3,7 o 4,3 millones de euros, según la prensa de Berlín- con el argumento de que hay que "reforzar el reglamento antifraude de la UE". El fuego se combate con fuego, al menos en alemán.

"En medio de las turbulencias económicas originadas por un exceso de créditos de riesgo y la supuesta codicia bancaria, ¿no sería un alivio encontrar un chivo expiatorio para la opinión pública?", insinua a "El Boletín" el economista conservador norteamericano Dan J. Mitchell.

La dirección de la OCDE parece responder al profesor Mitchell alineándose contra Liechtenstein y en apoyo de las tesis de Angela Merkel, la premier alemana: "La competencia desleal de los llamados paraísos fiscales facilita el camino a las distorsiones del capital", asegura Ángel Gurría, secretario general de la organización.

Además, tras descubrirse que de la lista registrada en el primer disco magnético de Kieber, al menos 760 son ciudadanos alemanes y un centenar serían suecos -de acuerdo con las declaraciones del ministro sueco Mats Sjostrand-, el Reino Unido, España, Francia y Grecia se han incorporado con vehemencia al proceso. Éste es el frente de oposición a los refugios financieros más poderoso de la historia económica europea.

Pero la política fiscal en 2008 es más compleja que la de los condados ingleses durante el siglo XIII, por que el martes 4 de marzo no hubo acuerdo. Ese día se celebró el `concilio´ del Ecofin, el consejo de ministros europeos de Economía. Cuando lo más parecido al Robin Hood del nuevo milenio es un chantajista -Heinrich Kieber hizo una primera oferta en 2001 a las autoridades de Liechtenstein a cambio de dos pasaportes falsos-, naturalmente surge la confusión.

Sobre la mesa del Ecofin se habían presentado varias propuestas y todas severas. Por un lado, el aumento de la fiscalidad del dinero en Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. En el otro extremo de la tendencia, el ministro Steinbreuk defiende también la ampliación de la legislación impositiva a cualquier producto financiero adquirido, del tipo que fuere.

Las dudas sobre la forma de aplicar la nueva política en los países extracomunitarios que firmaron el tratado de 2005 -impuestos sólo sobre capitales en metálico y productos de renta fija- obligaron, sin embargo, a posponer la decisión final. De momento, el comisario europeo de Fiscalidad, Lazslo Kovacs, encargará un informe para conocer los efectos de la anterior ley a día de hoy. Las conclusiones, dice Kovacs, no se sabrán antes de junio. La bola, eso sí, ha echado a rodar.

No obstante, bajo la imponente imagen de cohesión europea se están alzando voces discordantes. Por ejemplo, la del ministro de la Hacienda del Reino Unido, Dave Hartnett: "La utilización de los datos conseguidos por Kieber con el soborno del BND podría sentar un precedente peligroso, aparte de que estos datos hay que manejarlos con mucho cuidado; debería haber una verificación independiente antes de comenzar las diligencias judiciales". No es éste el criterio alemán. El día 25 de febrero, el fiscal Hans- Ulrich Krueck anunció en un discurso televisado que 91 personas habían "admitido haber cometido delitos de evasión de impuestos" y que los fondos bajo supervisión se acercaban a los 200 millones de euros. La recaudación forzosa continúa.

El gobierno del Reino Unido, en cambio, está siendo mucho más cauto. Tanto que durante las primeras semanas de la polémica se negó a desvelar si había contactado con el fisco alemán para compartir la información y todavía en estos momentos no ha hecho público si reclamará la devolución de suma alguna. De acuerdo con el Tesoro, el fraude alcanzaría los 133 millones de euros.

¿Flema inglesa? Sin duda, el carácter moderado del Reino Unido en política de impuestos tiene que ver a su vez con el historial político de la isla: ocho de los territorios que la OCDE y el FMI consideran refugios fiscales, pertenecen a la corona británica: Anguilla, Islas Vírgenes, Gibraltar, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turks y Caicos, Montserrat y la Isla de Man. Es más, en las islas Caimán está depositado un tercio de los fondos de capital de riesgo globales, y cuentas bancarias de beneficios de empresas extranjeras por un valor de 700.000 millones de libras esterlinas (931.000 millones de euros).