Analizada la información de las inspecciones de octubre pasado tras las subidas de precios en productos alimenticios, que fue denunciada por varias organizaciones de consumidores, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha decidido incoar expedientes sancionadores contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria. Este organismo no ha podido probar que hubiese acuerdos para elevar precios pero cree que algunas declaraciones de representantes de las asociaciones pudieron restringir en la práctica la libre competencia.

Si bien la Dirección de Investigación de la CNC estima que "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios", decide incoar expedientes a la luz de dicha información y, en especial, de las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector.

Asi, se estima que éstas podrían constituir en sí prácticas contrarias al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), es decir, que "podrían tener por objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia". En concreto, la CNC ha decidido incoar expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) así como a diversas asociaciones dependientes de ésta para determinar si la política de comunicación puesta en práctica en el seno de las mismas pudiera constituir una práctica contraria a dicho artículo.

Las asociones involucradas dependientes de la FIAB son: la Asociación de Fabricante de Harinas y Sémolas de España (AFHSE), la Federación de Asociaciones del Dulce (FEAD), Asociación Española de Fabricantes de Helado (AEFH), Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca (PPM), Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (CHOCAO), Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (AEFPA), y la Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados.

En el sector de la carne de pollo, la CNC ha acordado la incoación de un expediente sancionador contra la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo) y contra la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), con el fin de investigar si las declaraciones de sus representantes, en el primer caso, y el contenido de las notas de prensa publicadas, en el seguno, pudieran restringir la competencia.

La Dirección de Investigación de la CNC ha considerado además que las declaraciones efectuadas a lo largo en los últimos meses de 2007 por distintas Asociaciones Provinciales de Panaderos deben ser también objeto de investigación por si pudieran ser contrarias al artículo uno de la LDC.

Sin embargo, la Federación Española de Industrias Lácteas (Fenil) ha quedado fuera del grupo de asociaciones a las que se ha abierto expediente sancionador, aunque sí fue investigada.

Lo que dice la ley

El artículo 1 de la LDC prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

La vulneración de este artículo puede ser considerado infracción grave, con multa de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, y muy grave, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.

En el caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios las infracciones graves podrían ser sancionadas con multas de 500.001 euros a 10 millones de euros y las muy graves con multas de más de 10 millones de euros.

Tras conocerse la decisión de la CNC, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostró su "satisfacción", ya que es una resolución que "si va adelante, puede ser un buen varapalo" para las empresas. La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, consideró una "buena noticia" el hecho de que el organismo que preside Luis Berenguer haya encontrado "indicios de delito en materia de competencia" en este sector, y advirtió de que las organizaciones expedientadas se enfrentan a multas de hasta el 10% de su facturación anual.