La APLU cierra el año con el derribo de tres construcciones ilegales, la mitad que en 2022

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) derribó tres instalaciones ilegales durante el año pasado en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Son la mitad de las actuaciones registradas en 2022 y el mismo número que en el ejercicio anterior; en 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de COVID, no constan acciones de la piqueta autonómica, mientras que en 2019 hubo seis. La provincia de Pontevedra –especialmente los territorios costeros– concentra la mayor actividad de la agencia urbanística, con 32 de las 53 demoliciones ejecutadas durante 2023.

En el caso de las comarcas, el año pasado fueron derribadas una vivienda prefabricada sobre solera de hormigón, una edificación de uso residencial y dos contenedores de obra, tal como consta en el expediente tramitado por el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. En cuanto a sus ubicaciones, la primera se hallaba en el municipio de Silleda; la segunda, en el de A Estrada; y los colectores, junto a una pista de Cerdedo. A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, ahora la consellería no detalla el lugar de ubicación, ni siquiera la parroquia.

Las tres actuaciones de la APLU en la zona se concentran en la primera mitad del año. En concreto, el 31 de marzo de 2023 es la fecha de demolición que figura en el expediente de la casa prefabricada instalada sobre una base de hormigón por estar situada sobre suelo con la clasificación urbanística de rústico. El inmueble estaba dentro de una finca particular y estaba bien cuidada, quizás con ocupación ocasional por motivos de ocio.

Curiosamente, las otras dos acciones de la piqueta de la Xunta se produjeron en el mismo día, el 20 de junio. En A Estrada se procedió al derribo de una edificación destinada a uso residencial ubicada en suelo rústico, en una parcela vallada; la casa presentaba la estructura exterior prácticamente rematada. También el 20 de junio de 2023, en territorio de Cerdedo, se llevaba a cabo la retirada de dos contenedores de obra emplazados, igualmente, en suelo rústico, justo al lado de un vial asfaltado.

A Estrada y Vila de Cruces concentran la mayor parte de las actuaciones de la APLU en los últimos ejercicios. Con la del año pasado, el municipio de Tabeirós totaliza nueve actuaciones en ocho años, desde 2016, cuando hubo una demolición, igual que en 2017, 2018 y en 2021, mientras que en 2019 y 2022 fueron dos. En tierras de Carbia son dos por anualidad desde 2018 –sin contar 2020, dado el parón global por la pandemia– y otra más en 2017, lo que arroja otros nueve inmuebles derribados en seis años.

En cuanto al resto de municipios, Agolada suma dos, una en 2022 y otra en 2017, y Rodeiro añade otras dos, en 2010 y 2015. En Silleda figura otro derribo en 2012, a maiores del contabilizado en marzo del año pasado. Y en Cerdedo-Cotobade hubo dos en 2019 y otros dos repartidos entre 2021 y 2023. No hay constancia de actuación alguna de demolición por parte de la agencia urbanística de la Xunta en los territorios de Lalín, Dozón y Forcarei.

Convenios

Curiosamente, este último es el único concello de las comarcas que ha firmado el convenio de adhesión a la APLU, según la página de la propia agencia. Esta asume la gestión de las competencias de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística con cargo a sus propios recursos técnicos y humanos, además de facilitar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica. Asimismo, los concellos adheridos reciben el 10% del importe de las multas coercitivas y de las sanciones recaudadas en su término municipal.