Unións cifra en 19 millones la caída de ingresos en las granjas de las comarcas por venta de leche

Las cerca de 800 granjas de leche de las comarcas dejarán de ingresar 19,3 millones de euros “a consecuencia de las reiteradas bajadas de precio impuestas por las industrias”. Estos son los números que maneja Unións Agrarias, que acusa a la industria de forzar al sector a una caída de ingresos “injustificada” y al margen de las obligaciones estipuladas en la Ley de la Cadena Alimentaria y de la Competencia y ante las AICAs autonómica y estatal.

La central ganadera explica que después de la renovación de los contratos del presente mes de agosto el precio medio el precio medio que los ganaderos gallegos perciben por litro de leche se sitúa en los 0,48 euros; casi 11 céntimos por debajo de lo que cobraban a comienzos de año. De los 198 millones de euros que las ganaderías de leche gallegas dejarán de ingresar en este año la causa de esta actitud ilícita de las industrias 20,2 corresponden a la provincia de Pontevedra. En lo que respeta a los ayuntamientos de Deza-Tabeirós, la caída de ingresos para las explotaciones de A Estrada será de 1,2 millones de euros Forcarei, 775.000 euros; Agolada, 704.000 euros; Dozón, 1,2 millones; Lalín, 6,8 millones; Rodeiro, 3,9 millones; Silleda, 3,2 millones; y Vila de Cruces, 1,2 millones de euros.

Unións destaca las coincidencias existentes entre los contratos que unas y otras industrias ponen frente a los ganaderos con los que trabajan: todas con las mismas bajadas de precio y todas con idéntica redacción y cláusulas. Un hecho que evidencia que, una vez más, las industrias están actuando como un cártel organizado para adaptar el mercado a sus necesidades e incrementar sus cuentas de beneficios al margen de la legalidad y de la evolución del mismo. Este hecho, sumado a la resistencia de las industrias a negociar contratos y la los reiterados incumplimientos en el que a la duración y precios de presentación de los mismos se refiere, servirá de fundamento para las denuncias que este sindicato ya está preparando.

Demandas

Unas demandas que la organización agroganadera llevará ante la AICA gallega y estatal y también ante la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia; “un organismo que en el 2019 ya impuso una sanción millonaria al cártel de la leche por pactar precios a la baja de manera ilícita”, aduce.

Además, añade que mientras las industrias fuerzan estas reiteradas bajadas del precio de la leche en origen, lo que los consumidores pagan en los puntos de venta por ese misma leche no ha sufrido variaciones. Así, en el que llevamos de este 2023 el precio de venta al público de la leche de marca blanca se mantuvo estable en 0,90 euros el litro, mientras que el precio percibido por los ganaderos alcanzó una media de 0,552; lo que supone una bajada del -6,2% respeto del precio registrado en enero (0,588 euros).

Unións destaca también el caso concreto de Central Lechera Asturiana; “una firma con una actitud especialmente sangrante por discriminatoria, ya que aplica tarifas diferentes a los ganaderos según su ubicación: hasta siete céntimos menos para un gallego que para un asturiano”, expone.

Bloqueo por las vacunaciones de la lengua azul

Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego apuntan a la Xunta por su responsabilidad en la campaña de vacunación de los animales contra la lengua azul. La primera organización aduce que la falta de veterinarios coloca a las granjas “contra las cuerdas” pues el tiempo pasa y los animales que en la última visita de los equipos sanitarios no tenían edad para se inoculados ya deberían haber salido al mercado o para centros de recría. Pide a la Xunta que dote de más personal para avanzar en esta campaña. Mientras, el SLG explica que tras la vacunación de bovinos y ovinos en las comarcas solicitó una entrevista con la consellería “para hablar sobre las consecuencias que esta vacunación está teniendo en algunas granjas, más allá de los efectos secundarios ya denunciados”. El problema surge, indica, con los terneros que quedaron sin dosis y que ahora tienen más de cuatro meses, que no pueden abandonar las explotaciones. “¿Quién los vacuna? Veterinarios privados que cobran por este servicio”, dice. Culpa a Medio Rural de no ofrecer información, por eso el sindicato se ha dirigido de nuevo por escrito a la consellería.