El gobierno lalinense presentó la semana pasada las cuentas del próximo año; un presupuesto de 29,8 millones, récord histórico, que saldrá adelante en el pleno de mañana (9.00 horas) con el voto mayoritario del grupo popular. El ejecutivo anunció la solicitud de préstamos por importe de 6,9 millones de euros, cuya amortización podría ir asumiendo como considerase y en realidad la cuantía que se fuese gastando serviría también para adelantar las ayudas que posteriormente ingresará del IDAE o de los proyectos del DUSI.
Pues bien, el documento económico fue evaluado por el área de Intervención que dirige la funcionaria Susana Souto. La responsable de las cuentas municipales emitió un informe en el que advierte de que el proyecto de presupuestos “en términos consolidados no se ajustaría al principio de estabilidad, produciéndose una situación de desequilibrio o déficit en términos de capacidad de financiación”, afirma, y concluye que en todo caso cumple con el objetivo de límite de deuda. ¿En qué sustenta la interventora estas afirmaciones? A su juicio el proyecto de presupuestos para el próximo año plantea una previsión de ingresos de 22.963.007 euros frente a unos gastos de 29.750.311 y, en consecuencia, incide en que con carácter previo a la realización de los ajustes la capacidad de financiación del Concello es negativa en casi 6,8 millones. Añade que aunque siempre se estableció que una cuenta gozaba de equilibrio si la suma de ingresos y la de gastos era idéntica, el cómputo debería realizarse en términos de capacidad de financiamiento definidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010).
El incumplimiento lo atribuye a la previsión de préstamos por importe de 6.908.011 euros y apunta, en cierta consonancia con las explicaciones ofrecidas por el gobierno, que la previsión de inestabilidad inicial no tendría porque materializarse en la liquidación en estos niveles pues dependería de los importes de adjudicación de las obras que se financien con cargo a crédito.
Una cuestión a tener en cuenta es que, tal y como refleja la interventora en su informe, el Estado aprobó para el próximo año una prórroga de la suspensión de las reglas fiscales; algo que ya había acontecido en 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia sanitaria. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda se indicó que dicha suspensión “no implica que se abandone el compromiso de consolidación fiscal”, fijándose la tasa de referencia del 5% orientativa –3,9 para la administración central, comunidades autónomas (0,6), Seguridad Social (0,5) y cero para las entidades locales–. Es decir, otro ejercicio la regla de gasto no se aplica, pero esta excepcionalidad no quiere decir “renunciar a la prudencia en la gestión financieras, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera en términos de deuda”.
El gobierno de José Crespo optó por financiarse mediante préstamos y no con los remanentes, de unos 6 millones, porque –en palabras de la edil Paz Pérez– los ahorros quizá no pudiesen ser liberados para este fin hasta marzo o abril.
