El gobierno rodeirense aprobó ayer en pleno el inicio del expediente para dotar al Concello de una bandera y escudo oficiales, que se gestionará mediante una solicitud a la Comisión Heráldica de la Xunta de una propuesta en este sentido. Salió adelante con la abstención de Unidade y PSOE. “La bandera y el escudo de un pueblo son signos que nos identifican; este gobierno quiere dar un paso más para dar valor e identificar a nuestro Concello”, destacó el ejecutivo.

Con un resultado idéntico de la votación se aprobó el reglamento de funcionamiento del Punto de Atención á Infancia (PAI), que permitirá agilizar la gestión de este servicio. En este punto, el ejecutivo de Rubén Quintá agradeció la labor del personal para el diseño de un documento técnico ajustado a la normativa vigente. Los nueve ediles de la corporación votaron a favor de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de uso agrario o ganadero para el presente curso, que beneficiará a 113 titulares, y donde hubo solicitudes denegadas por incumplir alguno de los requisitos establecidos en la orden.

La primera de las mociones de Unidade, sobre el abono inmediato de facturas pendientes del pasado año, fue rechazada por el gobierno. Justificó su voto contrario porque proveedores presentan facturas tarde o por inexistencia de crédito. “Rodeiro es un concello de deuda cero, no hay problema de liquidez y, por tanto, todos los proveedores quieren trabajar aquí: por algo será”. A la demanda de Alberte Lamazares de atención a dependientes en lista de espera se alegó que este servicio esta en cifras récord de beneficiarios y que no existe una viabilidad económica que permita a la administración local asumir más horas de atención.

Unidade también se topó con el voto contrario del gobierno a su propuesta de mejora de la conciliación familiar en julio y agosto al entender que ya se habían articulado mecanismos y actividades para este fin. Y en el mismo sentido la iniciativa de Lamazares sobre la convocatoria urgente de una reunión con los afectados de la parcelaria de Val de Camba. A juicio del gobierno local existe una permanente comunicación de la Xunta con los propietarios y que siempre hubo una conexión bilateral fluida. Defendió que la responsabilidad de activar este proceso de agrupación de predios es de la administración autonómica “y fue la que más dinero tuvo, incluso durante la pasada crisis”.