El alcalde de Lalín, José Crespo, acaba de firmar un convenio con la Dirección General de Catastro en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables (Anmer). El colectivo aglutina 167 ayuntamientos españoles, de los 23 son gallegos, sobre los que hay parques eólicos, solares o de energía fotovoltaica.

El convenio permitirá que la Dirección General del Catastro y los despachos regionales y provinciales puedan colaborar para controlar que las empresas renovables paguen el IBI como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Hasta mayo de 2007, estos parques apenas tributaban y desde la Fegamp, Crespo promovió una reivindicación que dio origen a Anmer y a que sus ayuntamientos con este tipo de parques pudiesen establecer un tipo impositivo del 1,3%, muy por encima del 0,4 que se aplicaba, cuando no se consideraban Bices. Este aumento del tipo permitió, a su vez, incrementar los ingresos de las arcas municipales por el IBI.

La colaboración con Catastro permitirá recabar información acerca de las valoraciones catastrales de cada instalación renovable, para que esos valores catastrales sean reales y haya una coincidencia entre la potencia instalada en cada planta y la realidad constructiva. En este sentido, dichas revisiones podrían descubrir, por ejemplo, si hubo ampliaciones del parque en cuestión.

Además, hasta la fecha si una empresa recurría una valoración de la ponencia de valores del parque de energía, el ayuntamiento ni participaba del recurso ni tenía por qué ser conocedor del mismo. Esto provocaba que si la empresa ganaba esa alegación y bajaba el valor catastral, pagaba menos impuestos sin que el municipio pudiese hacer nada para evitar este cambio. Pero a raíz de este convenio con Anmer, el Catastro se compromete a informar de las siguientes cuestiones: todas las reclamaciones que lleven a cabo las empresas; todos los recursos económico-administrativos que interpongan contra los valores catastrales y la presentación de alegaciones. De este modo, Anmer se convierte en un interlocutor válidos que además puede trasladar toda la información que le pase Catastro a los concellos afectados, para que puedan presentarse en cualquier proceso.

Por su parte, Anmer prestará asesoramiento jurídico y asistencia a los concellos integrados en el colectivo. Y también echará mano de ayuda técnica externa cuando sea precisa en el caso de que el municipio en cuestión no disponga de la misma.