El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Forcarei inició en la mañana de ayer una huelga general indefinida a causa del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción impulsado por la administración concursal de la empresa Serinter. Según el responsable de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la comarca, Antón Álvarez Merayo, el seguimiento de la huelga por parte de las trabajadoras es ampliamente mayoritario, situándose entre el 80 y el 90% ya que de las quince empleadas de la firma están en huelga al menos trece.
Subrayaba Merayo en la mañana de ayer que el personal estaba realizando en torno a un 80% menos de trabajo que un día normal, ocupándose solo de asear, levantar y adecentar a los usuarios para que puedan tener una vida normal. Esperaba también que el Concello redactase un documento en el que recogiese los servicios mínimos después de que los que fijó inicialmente fuesen recurridos por la CIG al considerarlos "abusivos", dándole la razón el juzgado. Lo que no se está haciendo, agregó Merayo, son labores domésticas como, por ejemplo, recoger la vivienda de los usuarios.
A este respecto, cabe indicar que el Concello de Forcarei aclaró, efectivamente, ayer mediante un decreto informativo qué servicios mínimos deben respetarse en esta huelga general indefinida iniciada ayer por las trabajadoras del SAF. Indicó que el decreto en cuestión responde a que se detectaron "ciertas discrepancias con la interpretación" de los mismos y que "los empleados y sus representantes sindicales" habían cogido "la opción mínima, limitando la atención a los festivos".
Para despejar dudas, el ejecutivo local realizó una consulta aclaratoria ante la magistrada jueza del Xulgado Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra, bajo la pretensión de "corroborar" su interpretación del auto, "que pasaba por una atención diaria a todas las personas dependientes, es decir, los de grado 1, 2 y 3".
Tras recabar dicha aclaración, el Concello emitía el decreto que señala que, en base al citado auto judicial y a la información complementaria recabada, "las trabajadoras del SAF deben atender todos los días a los usuarios dependientes (33) con las tareas propias de una jornada festiva". Por tanto, deben asumir cuestiones ligadas a asistencia personal, apoyándoles en materia de "aseo, alimentación, medicación, cambios posturales" o cambio de pañales, además de "realizar acompañamientos para visitas médicas y trámites urgentes para su salud o de gestión directa de su vida personal".
Desde el Concello se lamentó que ayer las empleadas "obviaran estos servicios mínimos con el consiguiente perjuicio para los usuarios" y se espera que la situación se reconduzca desde hoy.
Asimismo, el ejecutivo local pide disculpas a los usuarios por las posibles molestias y expresa su deseo de que "esta situación se resuelva cuanto antes" si bien aclaró que ello "depende de los dictámenes de la administración concursal de la firma adjudicataria, que plantea" el citado ERE extintivo de los contratos de todas las trabajadoras" y de la "correspondiente resolución judicial".
A mayores de la reducción de los servicios a los usuarios, las trabajadoras en huelga han emprendido una movilización que se dejó sentir ayer en torno a la casa consistorial de Forcarei. Se posicionaron ante el inmueble portando una pancarta que rezaba: "Defendamos os servizos públicos e os postos de traballo. SAF Forcarei, solución". Hasta allí se desplazaron representantes de los tres grupos de la oposición municipal: PSOE, BNG y Foro Forcarei así como vecinos, a quienes el personal del SAF les explicó su situación. También instaló una mesa en la que se elaboran pancartas para su distribución en Forcarei y Soutelo de Montes y se inició una entrega masiva de panfletos explicativos por Forcarei y Soutelo de Montes. Merayo indicó que está previsto mantener la movilización "hasta que nos echen o nos readmitan", asegurando que, por tanto, continuará en días sucesivos "hasta que la alcaldesa se siente a hablar". Y es que entienden que "la solución pasa por ella", por que "el Concello asuma su responsabilidad" en relación con este asunto.
A este respecto también se pronunció ayer la administradora propietaria de la empresa adjudicataria del nuevo concurso licitado por el Concello para contratar la gestión del SAF: Galáurea. Marta Blanco se mostró "auténticamente indignada con el comportamiento que ha tenido el Concello con nosotros". Afirmó que no solo no le informó de que las dos empresas anteriores adeudaban 86.000 euros que tendría que asumir por subrogación sino que, además, cuando tuvo toda la información necesaria -en parte gracias a la CIG, a quien por ello se muestra agradecida- y decidió no firmar el contrato pese a las presiones del Concello,, se lo comunicó a la alcaldesa y a la semana siguiente recibió un escrito que le anuncia que el Concello pretende multar a su empresa con 30.000 euros -el 3% del importe de licitación del contrato del SAF- por no rubricar el contrato. "Lo voy a recurrir por todas partes", anuncia la dueña de la empresa.
