La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha intensificado su actividad inspectora en Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante los últimos años. Así se explica que desde 2016 se concentren seis de las nueve demoliciones ordenadas por este organismo dependiente de la Xunta de Galicia durante la última década. El ejercicio con más actuaciones hasta la fecha es 2017, con tres, por las dos del inmediatamente anterior; y en lo que va de año ya se registra una.
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Esta última demolición corresponde a una edificación de carácter residencial a medio construir -presentaba estructura, paredes de ladrillo y tejado- en el lugar de Caseda, perteneciente a la parroquia cruceña de Piloño. La futura vivienda fue declarada ilegal por la agencia autonómica por haber sido levantada en suelo no urbanizable, como la práctica totalidad de los casos registrados en la zona y en el resto de Galicia. La demolición fue ejecutada de forma voluntaria durante el pasado mes de marzo.
También en el municipio de Vila de Cruces se ubica la anterior actuación de la APLU en la comarca dezana. Se trata de otra vivienda -también a medio construir- en el lugar de Mosteiro, parroquia de Toiriz. La ilegalidad fue comunicada por el organismo -dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación Territorio- a los responsables de la obra, que procedieron a su demolición en octubre del año pasado, según el expediente.
En 2017 se produjo otro derribo de una casa de tipo residencial -con aspecto de no haber sido ocupada o de llevar años deshabitada- en el lugar de O Foxo, de la parroquia estradense de Rubín. Había sido edificada sobre suelo rústico de protección de infraestructuras; la legalidad fue restituida en julio. En A Estrada se encontraban también las dos únicas actuaciones acometidas por la APLU en ambas comarcas durante 2016.
La primera actuación llevada a cabo el año pasado en la zona fue la demolición de una construcción de bloques en el lugar de Pedrouzo, en Agolada. Su demolición tuvo lugar en mayo y la razón esgrimida para ello fue que había sido levantada en suelo no urbanizable.
En Deza y Tabeirós-Montes durante la última década no constan casos de demoliciones en los concellos de Lalín, Dozón y Forcarei. Al margen de los ya mencionados, se tramitaron dos expedientes en Rodeiro, uno en mayo de 2015, que consistió en la retirada de dos contenedores metálicos en suelo rústico de protección agropecuaria, y otro en 2010, referido a una vivienda unifamiliar en terreno rústico de protección de infraestructuras.
La otra actuación tuvo lugar en Silleda en 2012, con la demolición de dos naves industriales en la parroquia de Lamela, posteriormente construidas atendiendo a la ley. En los años 2014, 2013 y 2011 no figura ningún expediente abierto por la agencia de protección en el área.
Aunque la labor de la agencia urbanística ha crecido en los últimos tiempos en las comarcas, sigue siendo muy baja en comparación con otros municipios, sobre todo los de la costa. Solo en la comarca de Pontevedra ha logrado la demolición de al menos 46 inmuebles ilegales en los últimos dos años, trece de ellos ubicados en el turístico municipio de Sanxenxo. A las 18 actuaciones de reposición de la legalidad urbanística habidas en 2016 se suman las 28 constatadas durante el último ejercicio. Únicamente Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade se han librado de la acción de la piqueta en dicha comarca.