El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y su hijo Gorka salieron en la tarde de ayer de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que les impuso el día anterior el juez del caso Soule, Santiago Pedraz.

Ángel María Villar mostró su agradecimiento a "todas aquellas personas" que han confiado "privada y públicamente" en él, a su salida de la prisión de Soto del Real tras pagar una fianza de 300.000 euros. Villar, que no admitió preguntas de la prensa, agradeció también la "defensa privada y pública" tanto a su persona como de su hijo, Gorka Villar, y del vicepresidente económico de la RFEF Juan Padrón por parte de esas mismas personas, a las que no mencionó expresamente.

"También quiero dar las gracias a los presos del Módulo 1 por el cariño y el afecto que han tenido con nosotros. Les deseo que tengan suerte en sus litigios y espero verles en la calle", remató Villar.

Padre e hijo salieron en libertad sobre las 19.00 horas ante varias decenas de periodistas que les esperaban a las puertas del centro penitenciario madrileño, donde ingresaron el pasado 20 de julio sin posibilidad de fianza por orden del juez Pedraz.

El magistrado de la Audiencia Nacional les puso el lunes esas fianzas porque considera que no existe riesgo de fuga y "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción", al haberse practicado ya las diligencias "urgentes" de la causa, entre ellas la declaración de los principales imputados.

Villar y su hijo tienen ahora la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a sus domicilios, deben entregar el pasaporte y facilitar un teléfono móvil donde puedan estar localizables si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.

El que fuera presidente de la RFEF durante 29 años fue detenido el pasado 18 de julio y conducido a prisión dos días después por haber tejido, según el juez, un "entramado" y una red de "clientelismo" que permitió el desvío de millones de fondos públicos y privados del ente federativo.

Al menos desde 2009, Villar usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares".