Una familia de Nigrán, sin salida ante el inminente derribo de su vivienda

Una familia de Nigrán vive con angustia el anuncio del derribo de su vivienda sin posibilidad de evitarlo, pese a que la edificación paga el Impuesto de Bienes Inmuebles, está dada de alta en Catastro, cuenta con escrituras y aparece reflejada en el Registro de la Propiedad

Se trata de una herencia recibida por Jessica Iglesias de su abuelo, que le cedió la propiedad en vida a cambio de que, tanto él como su abuela fueran usufructuarios. “Yo tenía un absoluto desconocimiento de que la casa tuviese problemas legales, mi abuelo nunca nos informó, no sabemos si recibía notificaciones de juicios, si acudía a los mismos, no conocíamos el problema”, apunta.

Pero ahora sabe que el 10 de octubre debe abrir la casa para que un arquitecto entre a realizar el informe para el proyecto de demolición “que tampoco sabemos quién va a pagar”.

La casa construida hace veintitrés años es una de las múltiples denunciadas en la parroquia nigranesa de Chandebrito por una mujer que durante años ha denunciado cualquier chapuza. De una veintena de casas denunciadas creen que la de Jessica es la única que no tiene posibilidad de legalización porque no ha habido prescripción. “Parece que la señora ha estado cada dos años hostigando a mi abuelo con denuncias y mi abuelo decía a mi abuela que no había problema alguno, mi abuela no conocía la maraña judicial que amenazaba nuestra actual vivienda y nosotros tampoco”, indica.

La esperanza para salvar de la piqueta la casa estaría en el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM), pero tras las conversaciones con el alcalde, Juan González, la situación es imposible. “El alcalde nos dice que no puede hacer nada, ya que aunque el Plan legaliza las demás viviendas, en esta se depende de un informe de la Xunta por supuestamente encontrarse el terreno en zona de Dominio Público Hidráulico”, asegura.

En la casa residen Jessica con su esposo, su hijo de 6 años y la abuela de 80. El propietario de la casa falleció el 9 de enero y ella recibió la primera notificación del juzgado el 26 de febrero, sin que antes tuviese conocimiento de los hechos. En ese escrito se decía que la propiedad sería demolida “ya que mi abuelo no se había presentado a un juicio en 2019”.

La casa está valorada en unos trescientos mil euros y fue autoconstruida por su abuelo. Cuenta con servicios como luz y agua y una acera. “Me parece superinjusto que nos la quieran tirar, hay cosas que no entiendo”, señala Jessica.

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