¿Son Gondomar y Salceda “zonas catastróficas”?

Las lluvias torrenciales con las que arrancaba este año 2023 en el área metropolitana de Vigo dejaron un reguero de incidencias que convirtieron las calles en ríos, los bajos de viviendas en piscinas y las orillas de los ríos en una prolongación de sus cauces. Ningún Concello se salvó de las inundaciones, y los desperfectos se cuentan por decenas. No obstante, los únicos municipios que han comunicado su intención de solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil –figura antes conocida como “zona catastrófica”– para recomponer los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas son los Concellos de Gondomar y Salceda de Caselas.

El primero lo hace por los daños ocasionados en fechas próximas a Navidad, que se agravaron con las inundaciones del día de fin de año; mientras que Salceda estudiará con los servicios jurídicos municipales esta posibilidad, sugerida por las empresas afectadas por las inundaciones del 1 de enero en la zona industrial de O Cerquido, si bien las consecuencias del temporal se sufrieron en todo el término municipal. Pero, ¿es viable la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en ambos Concellos?

"El Concello tiene que tramitar la solicitud a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno"

En primer lugar, cabe destacar que, aunque tanto los gobiernos municipales de Salceda y Gondomar indicaron que dirigirían esta solicitud a la Xunta y al Consejo de Ministros, desde la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, que es la encargada de las áreas de Emergencias y Protección Civil, aclaran que “la declaración de zona catastrófica es competencia estatal, por lo que el Concello tiene que tramitar la solicitud a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno que le corresponda”. Estas serían las administraciones competentes para hacer llegar la propuesta a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior. Con todo, con carácter previo a su declaración, el Gobierno Central podrá solicitar un informe a la comunidad afectada y, en caso de contar con el visto bueno, la declaración será aprobada en Consejo de Ministros.

Por otro lado, para declarar una zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil se valorará, según recoge la Ley 17/2015 del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, “que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población de un área geográfica determinada, o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios esenciales”. También se tendrá en cuenta si la Comunidad Autónoma activó la “Situación 2” del plan de Protección Civil que corresponda, cosa que no sucedió, aunque si se activó la alerta naranja.

Volumen de incidencias

En cuanto al volumen de incidencias registradas a través del Centro Integrado de Atención a la Emergencias 112 Galicia, el 1 de enero, se contabilizaron diez incidencias en Salceda de Caselas y otras cinco en Gondomar, la mayoría por incidentes en la carretera o inundaciones; cifras inferiores a otros Concellos del área ese mismo día, como es el caso de Tomiño con 52, Ponteareas con 17, Tui con 15 o Salvaterra de Miño con 14. A estas hay que sumar múltiples carreteras cortadas, desprendimientos, árboles caídos, bajos anegados o tejados levantados por el viento; incidentes que resolvieron los propios servicios municipales y particulares de cada Concello sin dar traslado al 112.

En el área metropolitana, el ejemplo más reciente de zona catastrófica es Paramos, la parroquia de Tui que explotó por los aires en mayo de 2018 a causa de un almacén ilegal de pirotecnia. La explosión causó dos muertos, 37 heridos, más de 400 viviendas sufrieron daños y unas treinta familias tuvieron que ser realojadas porque lo perdieron todo. En definitiva, un barrio entero reducido a escombros donde el olor a ceniza tardó semanas en desaparecer. La lucha de los vecinos, que se constituyeron en plataforma y convocaron varias manifestaciones multitudinarias, consiguió que, cuatro meses después, el Consejo de Ministros aprobase la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil.

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