La AECT Río Miño, la Diputación de Pontevedra y el CIM Alto Miño han hecho frente común para reivindicar un mínimo del 50% y de hasta el 75% de los fondos POCTEP (que promueven proyectos de cooperación transfronteriza con el apoyo de la Unión Europea) se inviertan en los territorios más próximos a la raia. Así lo manifestaron las representantes de las tres entidades, que se reunieron ayer para analizar el nuevo Programa Operativo 2021-2027, que definen como “altamente insatisfactorio” para los intereses del territorio del Miño porque nuevamente admite territorios muy alejados de las fronteras como beneficiarios de los fondos de cooperación transfronteriza.

Según el vicedirector de la AECT Río Miño, Uxío Benítez, la propia Comisión Europea planteó recomendaciones iniciales para que estos fondos tuviesen un ámbito de actuación mucho más limitado que en anteriores ediciones. Sin embargo, desde el órgano que redactó el borrador de las bases, formado por integrantes de los gobiernos de España y Portugal y de las comunidades autónomas, se volvieron a aplicar los mismos criterios que en el programa 2014-2020 y se admitieron provincias como Lugo, Sevilla, Córdoba o Valladolid, además de incluir todo Portugal menos el área metropolitana de Lisboa, algo que desde los municipios de la raia se considera “totalmente injusto”.

Las tres entidades han iniciado una campaña de presión para reclamar que los fondos del POCTEP y que se destinen en su mayoría a los territorios a menos de 50 kilómetros de la frontera. También se reclama que la AECT Río Miño pueda gestionar una Inversión Territorial Integrada ( ITI) e incluso ejecutar partidas concretas de los conocidos como small projects, iniciativas directas de pequeño presupuesto pero “fundamentales” para el territorio del Miño. Benítez apuntó que el momento actual es clave para hacer todas las reivindicaciones puesto que la frontera sufrió doblemente por la pandemia. “El territorio transfronterizo tiene que ser preferente en las inversiones. Venimos de soportar el cierre de las fronteras y es preciso un resarcimiento que ya era necesario antes, pero que ahora es fundamental por el doble daño causado por el COVID”, apuntó.

Carmela Silva, por su parte, indicó que Europa tiene claro que los fondos deben quedar en el área de influencia de las fronteras, “pero los gobiernos no aceptan esa posición por presiones de las comunidades autónomas, y eso no es tolerable”.