La presión social contra el derribo del centro vecinal del barrio de Prado, en la parroquia gondomareña de Morgadáns, parece haber surtido efecto. La solución pasa por dar cobertura legal al inmueble construido con el esfuerzo de los integrantes de la comisión de fiestas a lo largo de los últimos años. Y las administraciones locales han movido ficha para tratar de evitar la demolición. Tras la protesta protagonizada por los afectados hace una semana, la Entidade Local Menor se ofreció a comprárselo al Obispado con el fin de tramitar un plan urbanístico que lo regularice. La Diócesis, confirma su vicario episcopal de Economía, Jesús Carracedo, abordará en su próximo pleno económico la propuesta, que cuenta con el apoyo del Concello de Gondomar.
La Diócesis valorará la oferta en su próximo pleno económico
El único punto de encuentro de la zona carece de licencia y sobre él pesa una orden de derribo de la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta. Los propios vecinos fueron levantando las paredes y dotándolo de equipamiento según reunían dinero a partir de una vieja cubierta ubicada en el atrio parroquial, en terrenos propiedad de la Diócesis Tui-Vigo. Tras a pagar hasta dos multas coercitivas de 1.000 y 2.000 euros, el Obispado ha decidido poner en marcha la demolición y ya tiene permiso municipal para llevarla a cabo.
Ayer era la fecha en la que la institución eclesiástica había previsto iniciar el derribo, pero tiene tres meses de plazo para hacerlo y lo ha paralizado a la espera de que el asunta pueda resolverse a través del cambio de titularidad. Y es que el Ayuntamiento ha redactado un plan especial urbanístico para dar encaje legal a la cantina y a las pistas deportivas de al lado como espacio lúdico, pero el propio arquitecto municipal lo rechazó porque debía ser la entidad propietaria de los terrenos la que promoviese la legalización, según explican tanto el presidente de la Entidade Local Menor, Alfonso Misa, como el alcalde, Paco Ferreira.
Ambos habían planteado una permuta de terrenos al Obispado para solventar el asunto, pero ante el temor de los vecinos al derribo inminente volvieron a reunirse la semana pasada con el ecónomo diocesano para formular la propuesta de compra in extremis. Al encuentro asistió también un representante de la comisión de fiestas, que regenta el local.
Poner precio
Ahora el Obispado debe poner precio al inmueble y la Entidade Local Menor de Morgadáns, afrontar la compra con fondos propios, aunque el regidor no descarta realizar alguna aportación.
Paralelamente, Ferreira asegura haber solicitado una reunión a la APLU para tratar de suspender la demolición y ganar tiempo para legalizar el inmueble.
Mientras tanto, los vecinos mantienen activa la lucha. Un centenar de ellos se concentraron el día 11 ante el Concello, aprovechando la romería de San Benito, para exigir una solución a las administraciones. Este sábado, doscientos afectados protagonizaron una marcha reivindicativa con pancartas por el centro urbano de Gondomar, coincidiendo con el Entroido de Verán.
