El gobierno del BNG-PSOE de Ponteareas sigue dando explicaciones sobre el cierre de dos aulas en la escuela infantil a raíz de unas obras de ampliación sin autorización ejecutadas en 2006 por el ejecutivo local del PP y que le ha valido en la actualidad una sanción de 1.800 euros. Según la edil de Benestar Social, Verónica Carrera, la legalización de las obras se realizará cuando Ponteareas cuente con la nueva escuela infantil prevista. “Solo en ese caso podremos trasladar al alumnado y ejecutar las obras”, aclara Carrera, explicando que “por ese motivo decidimos esperar hasta que, el pasado mes de diciembre, por sorpresa, la Xunta abrió un expediente sancionador tras 14 años sin hacerlo y permitiendo el uso de las aulas”.
La edil recuerda que “desde 2006 y durante 14 años, la Xunta toleró el funcionamiento de esas dos aulas con pleno conocimiento de que carecían de su autorización”. En este sentido, cabe destacar que hubo cuatro años que el área estuvo gobernada por el PP en la Xunta. “Durante todos esos años”, continúa la concejala nacionalista, “la Xunta no abrió ningún expediente sancionador y solo requirió al Concello legalizar la ampliación. Hasta 2015 el gobierno de Solla recibió ocho requerimientos, no hizo nada y no fue capaz de redactar un proyecto de legalización de las aulas válido”.
Según Carrera, el gobierno del BNG-PSOE recibió un único requerimiento en 2018 y “en menos de seis meses fuimos capaces de redactar y presentar un proyecto que fue aceptado por la Xunta a comienzos de 2019”.
El gobierno local explica que el proyecto cifró en 350.000 euros el coste de las obras para solucionar el error cometido en 2006 y en un año la duración de las obras. Además, tanto la redactora del proyecto como los responsables de la Xunta indicaron al Concello que durante ese año de obras toda la escuela infantil, es decir 6 aulas más para 82 niños y niñas, debe cerrar.
Pide explicaciones
Con todo, Verónica Carrera pedirá explicaciones a la Xunta para que aclare “por qué actuó con benevolencia durante 9 años con un gobierno del PP y ahora con el gobierno actual, que hizo parte de sus deberes redactando el proyecto, impone una sanción”. Según la edil, “la Xunta cambió de criterio y no permite lo que consintió hasta hoy. Por eso, para proteger los intereses municipales y evitar nuevas sanciones, nos vemos obligados a dejar sin uso las dos aulas que cuentan con 29 plazas, manteniendo abiertas las otras seis aulas de 82 plazas, mientras no contemos con una nueva escuela infantil para realizar el traslado y las obras”.
