La reforma de un tramo de la PO-250 en Redondela por parte de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade parece no haber sentado bien al gobierno local redondelano. “Las obras que se realizan en ese vial por parte de la Xunta no resuelven los graves problemas que tiene esa carretera y se pierde la oportunidad de hacer una reforma de calado”, señaló ayer la alcaldesa, Digna Rivas, al valorar unos trabajos que comenzaron hace una semana “sin una reunión previa, tal y como se acordó en su momento” –afirma la regidora– para estudiar las mejoras propuestas por el gobierno municipal.
La responsable municipal teme que, con el inicio de esta actuación sin tener en cuenta las mejoras que propuso el Concello “se desaprovecha una extraordinaria ocasión para solucionar, definitivamente, los graves problemas de seguridad vial que reviste esa carretera tanto para los viandantes como para los vehículos”.
La alcaldesa también reprocha al gobierno gallego la “escasa información” ofrecida sobre estos trabajos. “La poca que tenemos se consiguió tras las insistentes llamadas de la Alcaldía a los responsables de carreteras de la Xunta y, aún así, solo poseemos una información incompleta y en ningún lado consta que se vaya a realizar las recomendaciones trasladadas por el gobierno local a la Xunta”, matiza la regidora local.
Respecto a este asunto, la concejala de Urbanismo, María Castro, explica que en mayo del pasado año el Concello remitió a la Consellería de Infraestruturas un informe técnico en el que detallaba “algunos de los problemas de esa carretera”, haciendo referencia, entre otros muchos, al mal estado del firme lo que suponía “un problema grave para un vial que registra un enorme volumen de circulación de vehículos ligeros y tráfico pesado”.
En un escrito posterior, la alcaldesa insistió en la necesidad “urgente” de mejorar la seguridad vial y daba cuenta de la “peligrosidad” que supone esa carretera para los peatones que, pese la alta densidad de tráfico, cuenta “con aceras que, en algunos puntos, apenas llegas a los 90 centímetros de anchura”.
El gobierno local también propuso que se crease “una zona segura limitada a 20 km/h, además de medidas para reducir la velocidad como la instalación de pasos de peatones elevados, señalización lumínica y mejora de la señalización tanto horizontal como vertical”.
La actuación que se ejecuta ahora permitirá ensanchar un tramo de la carretera en una zona en la que había un muro que amenazaba con desplomarse y suponía un peligro para los viandantes.
