La batalla judicial por las ocho licencias sorprende al Concello de Gondomar en plena delimitación de núcleos para salvar una docena de construcciones del derribo. Un trámite iniciado hace cuatro años por el anterior concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, que ya denunciaba entonces el "afán persecutorio" de la APLU.Desde entonces, la oficina urbanística municipal ha aprobado de forma definitiva los núcleos de Campo Grande y Prado en Morgadáns y el de Penalba en Mañufe y ha evitado la demolición de cuatro casas.
Quedan pendientes otros seis y su desarrolló motivó cruces de acusaciones en el panorama político local en los últimos días. Araúxo, portavoz de Manifesto Miñor, reclamó al alcalde que agilizase las gestiones para sacar los restantes adelante y lo acusó de no haber respondido a los requerimientos de la Xunta desde julio". En similares términos se expresó la líder del PP, Paula Bouzós, que se reunió incluso con la conselleira de Medio Ambiente para abordar el asunto. El regidor la acusó de visitar a Ángeles Vázquez para "recibir consignas electorales y defender intereses partidistas en lugar de los de Gondomar".
