Una década después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase las licencias otorgadas para construir el Hotel Balneario Talaso Atlántico, Xunta y Concello de Oia tramitan el proyecto urbanístico para legalizar el establecimiento turístico de cuatro estrellas y salvarlo de la demolición. El Ayuntamiento acaba de presentar el "Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para instalación de Talasoterapia" a la Consellería de Medio Ambiente y el departamento autonómico tiene hasta el 20 de enero para emitir su veredicto.
La justicia lleva seis años apremiando la demolición al Concello, con advertencia de multas coercitivas con cargo al patrimonio personal de los alcaldes desde 2013. Diversos autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Pontevedra, el último de abril de 2017, insisten en la ejecución forzosa de la sentencia de derribo, pero abren la puerta también a la posibilidad de dar encaje legal al inmueble. "No se ha acreditado la legalizabilidad de las obras en las actuales circunstancias, sin perjuicio de que pudiera acreditarse en un futuro inmediato, previa adaptación de las mismas a las exigencias de la normativa urbanística de aplicación a esa área", señalan.
El Ayuntamiento ha visto en ese precepto un salvavidas para evitar la bancarrota ante la indemnización millonaria que la propiedad del balneario podría reclamarle en cuanto se ejecutase la demolición. El gobierno municipal pretende además, según indica la alcaldesa, la popular Cristina Correa, proteger los puestos de trabajo que genera el negocio y su importante incidencia en la afluencia de turistas a la zona.
Así que el Concello encargó el plan especial al despacho de abogados Calixto Escariz, que avala el encaje legal del edificio conforme a la nueva Lei do Solo, que autoriza "construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde se ubiquen" , y según el Plan de Ordenación do Litoral, que considera la talasoterapia como "uso autorizable en suelo rústico".
Medio centenar de empleados
Inaugurado en 2003 y con más de medio centenar de trabajadores en plantilla, el hotel se erige en una parcela que las normas subsidiarias que rigen el municipio desde 1996 califican de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento otorgó los permisos de construcción en el año 2000, conforme a una ordenanza que modificaba las condiciones urbanísticas del terreno pero que no llegó a aprobar de manera oficial.
La edificación presenta siete alturas en relación a la rasante más baja de la parcela. El plan urbanístico que lo adaptaría a la legalidad vigente plantea dividir el terreno en bancales para elevar su rasante en la zona de la parte más alta del edificio. Aunque habrá que desarrollar al detalle el proyecto de legalización, el documento apunta también a a una rebaja de la edificación a un máximo de dos alturas y bajo cubierta, todo con 7 metros de alto como límite.
Las obras necesarias para cumplir con el plan -posibles demoliciones parciales y movimientos de tierras- correrían a cargo de la propiedad del establecimiento, de manera que el Concello solo asumiría los gastos de redacción del proyecto.
