Fin del proceso que apartó al ex alcalde de Porriño, Nelson Santos, de la política y le habilita para presentarse sin mancha a unas elecciones. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra tumbó ayer el recurso de Fiscalía contra la absolución de Nelson Santos Argibay y José Manuel Jacobo de supuestos delitos de prevaricación administrativa en el Concello de Porriño, haciendo firme la sentencia del Juzgado de lo Penal de junio del año pasado.

Santos y Jacobo quedan definitivamente absueltos del delito continuado de prevaricación administrativa que se les imputaba, derivada del pago de 134 facturas de servicios prestados con reparos de intervención y la contratación de un ingeniero.

Fiscalía había recurrido la sentencia en base a la supuesta infracción de normas del ordenamiento jurídico, en concreto los artículos de los artículos 404 y 74 del Código Penal.

Tras un análisis exhaustivo, la sala de la Audiencia estima que en la sentencia no hubo infracción alguna e hizo firme la sentencia.

En la misma se mantienen como hechos probados que por parte del Concello de Porriño bajo la presidencia de Nelson Santos se realizaron numerosos contratos sin atenerse a las normas, es decir al margen de la legalidad y como consecuencia se pagaron facturas con reparos de intervención.

Sin embargo el Juez había entendido que los hechos estaban justificados ante la imposibilidad, en ese momento, de que la administración local licitase dichos contratos, señalando además que no se aprecia "voluntad ni capricho" de los acusados por motivar tal irregularidad.

Los hechos por los que Santos y Jacobo fueron imputados abarcan desde el año 2010 a 2013, y por ello se iniciaron dos causas, esta, la principal, y una pieza separada, surgida a raíz de esta, la conocida como Operación Multiusos, que ya fue archivada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Porriño en marzo de 2017.

En mayo de 2016, al serle notificada la apertura de juicio oral, Santos dimitió de su cargo como concejal, estando ya en la oposición, pues aunque la suya fue la lista más votada un pacto del PSOE con UDDL y el voto favorable en la investidura de BNG y EU Son hizo alcaldesa a la actual regidora, Eva García de la Torre. El Ministerio Fiscal solicitaba tanto para Santos como para Jacobo la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además de las declaraciones de ambos acusados, testificaron otras trece personas, entre ellos los representantes de las tres entidades jurídicas y la propia persona física emisores de las facturas, el ingeniero, el secretario y el interventor del Concello de Porriño, una funcionaria y el responsable de la empresa de consulting que realizó las gestiones para la licitación de los servicios municipales a partir de 2013.