Los juzgados Contencioso Administrativo número 2 y 3 de Pontevedra acumulan actualmente distintos procedimientos abiertos referentes a empresas que reclaman el pago de facturas al Concello de Porriño por trabajos y servicios desarrollados en el año 2017, y que no fueron abonados por el Concello.

El importe de estos impagos reclamados por vía judicial asciende a más de 700.000 euros, y entre ellos existen facturas relacionadas con el procedimiento penal, abierto a raíz de una denuncia que partió del Partido Popular de la localidad, y relacionada con la constratación de limpiezas viarias y desbroces.

Los populares denuncian el impago de las facturas. "No puede ser que se le diga a una empresa o autónomo que ejecute una obra o preste un servicio, se confirme y reconozca que así se hizo y que luego en el momento de que se presente la factura esta sea rechazada sin más y no se pague", explica M. Alejandro Lorenzo, concejal y presidente del PP local.

Los populares indican que se hicieron trabajos sin contrato y sin partida acumulando así hasta 3 millones de euros en facturas "que no existen en la contabilidad municipal y que nunca han sido llevadas a pleno, como sin embargo el concejal de turno sí admitió en algún juicio, incurriendo en un falso testimonio",. Lorenzo indica que este montante de facturas que, previsiblemente, en las próximas semanas al salir publicada la relación de facturas sin pagar del año 2018 se verá incrementado, "duplicando incluso el importe adeudado, no solo nunca fueron a pleno sino que son facturas que fueron rechazas por el gobierno municipal a través del sistema FACE y tampoco se encuentran en la cuenta 413 ni del año 2017 ni del año 2018, son facturas que nunca existieron en la contabilidad municipal a pesar de que, en realidad, sí fueron registradas, como se puede comprobar también en el informe del secretario municipal entregado en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Porriño".

Uno de los casos es el de la empresa que gestiona la piscina municipal, que ha vuelto a acudir al juzgado para cobrar sus facturas de 30.000 euros mensuales. "En su momento ya denunciara impagos del año 2016 y 2017, los cual recuperó junto a las costas y gastos de demora, ahora ha vuelto a acudir al Contencioso para reclamar el importe de sus facturas presentadas desde abril de 2017 que ascienden a 468.701 euros", señala Lorenzo.