Los grupos de la oposición de Pazos de Borbén consiguieron ayer aprobar en un pleno extraordinario el preacuerdo alcanzado con la Comunidad de Montes de Amoedo para resolver el conflicto por la titularidad de los terrenos en los que se asienta el polígono industrial, denominado "Chan de Amoedo", un litigio que se remonta a 2009.

Los comuneros aprovecharon la situación de minoría en la que se encuentra el gobierno local desde febrero del pasado año, cuando la edil Lorena Domínguez dejó el PP, para tratar de solucionar con los grupos de la oposición la larga disputa que mantienen con el Concello por el uso y disfrute de los terrenos del área industrial, en manos municipales pese a que el proceso judicial remató en 2015 con una sentencia que determinaba que los terrenos pertenecían al monte comunal. Sin embargo, los comuneros no pueden tomar posesión de este espacio hasta que abonen los gastos realizados por Concello de Pazos para urbanizar y acondicionar estos terrenos, cuantificados en 509.000 euros, al considerar el tribunal que la administración local actuó de buena fe.

En el documento aprobado ayer en pleno por instancia de los grupos de la oposición se prevé un pago aplazado y fraccionado del medio millón de euros que le reclama el Ayuntamiento para compensar las inversiones realizadas sin consentimiento en terreno comunal. De esta forma, el Concello perdería por fin el derecho de retención sobre el polígono industrial y dejaría de cobrar los alquileres de las empresas, que pasarían a la comunidad de montes de Amoedo, propietaria reconocida por sentencia de los terrenos.

El portavoz de Alternativa Veciñal, Luciano Otero, destacó la importancia de este avance porque "permite desbloquear unha situación que non favorece a ninguén, nin ós veciños, nin ao Concello". El edil recordó que, en la actualidad, el Ayuntamiento no puede ampliar el polígono ni firmar contratos para naves en parcelas nuevas, por lo que "estanse a perder oportunidades" para la economía municipal. "Se seguimos así, o polígono de Amoedo acabará morrendo", sentenció Otero.

Durante un pleno acalorado y con reproches por parte del público al gobierno local, el teniente de alcalde, Severino Reguera, reconoció que si la comunidad paga, el conflicto estará zanjado. Sin embargo, los comuneros son escépticos ante el compromiso de los populares.

El presidente de la comunidad de montes de Amoedo, Miguel Míguez, asegura que el concello no dará brazo a torcer y que buscará fórmulas para atrasar el traspaso efectivo de los terrenos.

"O director do banco propúxolle ao concello que asinase ante notario conforme renunciaba ao seu dereito de retención en beneficio da comunidade unha vez se aprobase o crédito", explica el presidente, "para nós así poder pagar as mensualidades cos alugueres das empresas do polígono". Míguez confiesa que el Concello se negó rotundamente a la propuesta. "Buscan atrasar o dereito de retención para que o banco se nos veña enriba por impagos", critica.

La decisión última sobre el acuerdo quedaría ahora en manos de la justicia, quien deberá dictaminar si la fórmula consensuada entre la oposición, mayoría del pleno, y la Comunidad de Montes es válida.