El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, aseguró ayer que "no era conocedor de que pudiera estar incurriendo en una responsabilidad penal", al inejecutar la sentencia de desalojo y derribo de la Pirotecnia La Gallega, hasta el pasado 3 de septiembre; fecha en la que la jueza del Contencioso Administrativo Nº1 de Pontevedra le impuso una multa coercitiva de 1.500 euros por no efectuar dicho dictamen de 2015, que ordenaba el derribo de la pirotecnia propiedad de Francisco Lameiro -en prisión por la explosión de un almacén ilegal el pasado 23 de mayo en Paramos- por un problema de límites.

En la misma providencia del 3 se septiembre se insta a Fiscalía a que investigue sobre "la presunta responsabilidad penal que le pudiera corresponder al alcalde del Concello de Tui, habida cuenta de los sucesivos requerimientos que fueron desatendidos por el mismo, pese haber sido apercibido" en tres ocasiones: el 16 de junio de 2017, el 30 de octubre de 2017 y el 3 de mayo de 2018. Sobre la providencia del 16 de junio de 2017 (fecha en la que era alcalde el socialista Enrique Cabaleiro) el regidor local aseguró ayer que "descubrí esta providencia hace poco; no constaba en el expediente, y en ella si se habla de la responsabilidad penal del alcalde, que no era yo, y se le advierte de que tiene un plazo máximo de dos meses para completar la sentencia".

Sobre las diligencias que ha abierto Fiscalía para determinar si el actual mandatario tudense ha cometido un posible delito de desobediencia grave por el presunto incumplimiento de la sentencia de demolición de la pirotecnia localizada en Baldráns, Carlos Vázquez Padín manifestó ayer en rueda de prensa que "creo que no desobedecí ni tuve voluntad de desobedecer". Al mismo tiempo, el alcalde recordó que tras la explosión de Paramos estuvo volcado con la atención a los vecinos afectados y lamentó no haberse sentido bien asesorado; "se comenzó a cumplir la sentencia cuando se incorporó al Concello un jurídico externo que me advirtió de que tenía que precintar la pirotecnia de inmediato", indicó.

En este sentido, el regidor local destacó que la sentencia ya se está cumpliendo desde principios de septiembre y pidió "la máxima colaboración de la subdelegación del Gobierno, ya que en las instalaciones de Baldráns hay, tanto material de la propia empresa, como el incautado en los almacenes ilegales tras la explosión del 23 de mayo". Mañana miércoles viajará a Madrid para, sin cita previa, solicitar ante los ministerios de Política Territorial e Interior el inicio inmediato del desescombro y colaboración en el desalojo de la pirotecnia.

Ante estas declaraciones del Padín, el ex alcalde Enrique Cabaleiro expuso ayer que "no es cierto que la sentencia estuviera sin ejecutar durante nuestro mandato (2015-2017)". Según explica Cabaleiro, su equipo de gobierno "procedió a la tramitación de ese expediente administrativo dando estricto cumplimiento a los requerimientos judiciales que iban llegando, culminando ese proceso con la clausura de la actividad en julio de 2017 y con la posterior redacción del proyecto de demolición con carácter subsidiario por el Concello, una vez que el representante legal se negara a hacerlos". El ex regidor local también manifiesta que desde la clausura hasta el cambio de gobierno (por una moción de censura), se oficiaron requerimientos a la Policía Local de Tui para fiscalizar esa clausura.