Estacionamientos Valle Miñor -que forma parte del grupo empresarial Miñor Galicia, en el que se integran las conocidas firmas Hormigones Valle Miñor y Promociones Inmobiliarias Manuel Barros- construyó el aparcamiento en 2005. Era el cuarto existente en A Ramallosa en aquel momento. La compañía fue la única que participó en el concurso convocado por el Concello durante el mandato del exalcalde popular Alfredo Rodríguez Millares. Invirtió cerca de 3 millones de euros en las instalaciones, de cuatro plantas y más de 300 plazas, y las abrió en 2007 con una concesión de 39 años, por la que abona un canon de 6.000 euros al año a la Administración municipal.
Tras nueve años de actividad en medio de la crisis económica, los responsables de la adjudicataria alegaron a la hora de cerrar que el aparcamiento no era rentable, por la crisis económia y por la competencia "desleal" de los otros establecimientos cercanos. Por eso la empresa propuso al Concello modificar las condiciones del contrato hasta en dos ocasiones, en 2015 y en 2016. En su escrito, cifraban las pérdidas acumuladas desde la apertura hasta finales de 2014 en 1,9 millones de euros.
El próximo 1 de enero se cumplirán dos años desde que el único aparcamiento subterráneo de titularidad pública de Nigrán, el ubicado junto a la piscina de A Ramallosa, cerró sus puertas. La concesionaria, Estacionamientos Valle Miñor S.L., decidió dejar de prestar el servicio de forma unilateral por las pérdidas económicas que le generaba el negocio y el Ayuntamiento de Nigrán ha decidido ahora tomar cartas en el asunto. Le abrirá un expediente sancionador por supuesto incumplimiento del contrato y en cuanto los técnicos municipales elaboren los informes necesarios, el gobierno local decidirá qué hacer. "Pode ser que haxa que obrigar a empresa a reabrir ou esixirlle responsabilidades, ou mesmo que o Concello rescate a concesión", explicó ayer el alcalde, Juan González.
El regidor prefiere no aventurarse sobre el resultado final del procedimiento hasta conocer los detalles jurídicos y administrativos de la situación. "Temos que ser cautos e tomar decisións baseadas en criterios técnicos de peso porque é un tema delicado que pode prexudicar ao Concello", señala. "Temos exemplos moi complicados moi preto e non queremos equivocarnos", indicó en referencia al parking de O Aral en Baiona, cuyo rescate costará finalmente cerca de 4 millones de euros a las arcas públicas baionesas.
La apertura del expediente llegará tras desestimar la Corporación municipal en el último pleno las modificaciones del contrato que propuso la empresa al Ayuntamiento para lograr el reequilibrio económico. La firma había solicitado ampliar la concesión en diez años, de 39 a 49, hasta 2056. Reclamaba además aplazar el pago del 50% del canon anual que abona al Concello, de 6.000 euros, a la última década del contrato.
El informe de la Secretaría municipal es tajante y considera irregulares las pretensiones de la compañía, que aludía a la crisis económica como causante imprevisible del fracaso de la actividad y a la competencia "desleal" de los aparcamientos próximos. El secretario hace referencia al principio de riesgo y ventura que asume cualquier contratista y a que las crisis económicas no son realidades inesperadas, sino cíclicas, que deben tenerse en cuenta en los estudios de viabilidad de cualquier negocio.
En base a estos criterios, todos los grupos de la Corporación votaron a favor de rechazar las pretensiones de la empresa, a excepción de Unión Centrista de Nigrán, que se abstuvo. Su portavoz, Antonio Fernández Comesaña, que formó parte del gobierno que promovió la construcción y adjudicación del aparcamiento en 2005 -el bipartito PP-PINN-, criticó "la parálisis administrativa y política de la Administración municipal" por tardar tanto tiempo en contestar a la compañía, que ya puede acudir a los tribunales si lo considera oportuno. Una vez cerrada la vía administrativa, podría reclamar los cambios de la concesión en el juzgado de lo contencioso administrativo.
