La Valedora do Pobo ha admitido a trámite las quejas de un grupo de percebeiros a flote de la Cofradía de Baiona por lo que consideran un "freno intencionado" al archivo de los expedientes que la Xunta les abrió en 2016 por supuesto marisqueo ilegal tras requisarles los guardacostas la mercancía de una jornada de trabajo. El organismo que vela por los derechos de los gallegos los ha informado de que ha dado un plazo de 15 días a la Consellería do Mar para que les traslade información al respecto.
Los mariscadores salieron a faenar por tierra aquel 29 de noviembre, fecha en que el conflicto del pósito baionés se encontraba en su momento de mayor tensión. Los agentes se incautaron de los 50 kilos de percebe que habían extraído porque, según aseguraron debían haber trabajado embarcados pese a las condiciones meteorológicas que se lo impedían.
Durante el proceso, los trabajadores demostraron con vídeos, fotografías y certificados del Centro Meteorológico de Galicia que el estado del mar hacía imposible la navegación segura y el instructor de los expedientes propuso archivarlos en mayo. Pero la jefa territorial e la consellería en Vigo, Sonia Lorenzo, no ha firmado todavía la resolución oficial de archivo para que los afectados puedan ser indemnizados por el percebe que se les requisó "de forma injusta", aseguran. Por eso la acusan de "paralizar" el caso que debería estar resuelto hace un año.
